“Queremos que se reanude la segunda vuelta de las elecciones, que fue cancelada de forma abusiva”, declaró a EFE Ramona Ioana Bruynseels, diputada de Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR), el partido ultra que el pasado 1 de diciembre quedó segundo, con el 18 % de los votos, en las elecciones legislativas.
Los manifestantes se reunieron en la céntrica Plaza de la Universidad y marcharon hacia la sede del Gobierno, formado por una gran coalición de socialdemócratas, conservadores y el partido de la minoría húngara.
Los manifestantes reclamaron que continúe el proceso electoral y se celebre la segunda vuelta electoral, que fue anulada por el Tribunal Constitucional el 6 de diciembre, 48 horas antes de su celebración.
En la primera vuelta se impuso sorpresivamente el candidato ultranacionalista, pero no miembro de AUR, Călin Georgescu, sobre cuya campaña electoral hay sospechas de injerencias de Rusia y financiación irregular.
Bruynseels afirmó que Klaus Iohannis, el presidente saliente que debería haber abandonado el cargo a finales de diciembre, es un "usurpador" y que la Constitución establece que, ante la situación creada, es el presidente del Senado quien debería ocupar de forma interina la jefatura del Estado hasta que se elija a un sustituto.
El Gobierno ha fijado que el 4 de mayo se celebre la primera vuelta de las nuevas elecciones y que, si ningún candidato tiene mayoría absoluta, haya una segunda y definitiva vuelta dos semanas después entre los dos aspirantes más votados.
Algunos de los manifestantes llegaron desde el extranjero, donde Georgescu tuvo muchos apoyos.
"Debemos apoyar la democracia aquí, porque nos la robaron. A todos nos gustaría volver a Rumanía. Queremos ser un país proeuropeo, pero no como lo hacen ahora. En Europa hay democracia, pero aquí no hay nada de eso", denunció Nicu, un conductor que viajó desde Módena, Italia, para mostrar su desacuerdo con la anulación de las elecciones.
"Somos muchos, esperamos que salga todo el pueblo a la calle para recuperar nuestra Rumanía”, dijo por su parte Ionela, residente en Dâmbovița, a unos 80 kilómetros al norte de Bucarest.
En un comunicado, AUR aseguró que la "abusiva" decisión del Constitucional "ha desencadenado una ola de indignación nacional".
"Los rumanos vuelven a salir a las calles, después de 35 años, para defender su voto y su democracia”, afirmó el partido, en referencia a las protestas con las que cayó la dictadura comunista.
El partido ultra sostiene que la cancelación del proceso electoral podría transformar a Rumanía, un país miembro de la Unión Europea y de la OTAN, en un Estado dictatorial.
El pasado viernes, miles de partidarios de Georgescu reclamaron que continúe el proceso electoral y se celebre la segunda vuelta, para la que en su día el candidato ultra era favorito.