La demanda fue presentada en el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia "impugnando la violación de la garantía constitucional del debido proceso y los requisitos procesales legales, así como la influencia política ilegal", detalló el texto.
La demanda fue presentada en dicho tribunal junto a U.S. Steel y después de que ambas acerías publicaran un comunicado conjunto en el que condenaban la decisión de Biden y consideraron que el procedimiento fue ilegal.
Las empresas argumentaban que este no se ajusta a la normativa que rige el Comité de Inversiones Extranjeras de los Estados Unidos (CFIUS), órgano que no alcanzó un consenso y concedió la última palabra sobre la operación al presidente.
En ese mismo escrito las empresas consideran que los argumentos de Biden, que aseguró que su decisión protege la "seguridad nacional", carecen de base, aseguran que se ha tratado de una acción para favorecer sus propios intereses políticos y apuntan a que tomarán "todas las medidas adecuadas" para proteger sus derechos, insinuando ya a la demanda.
La decisión de Biden supone un giro al proteccionismo que se aleja de la política de aperturismo sobre inversiones que ha dominado la práctica regulatoria estadounidense durante décadas y que con la llegada a la presidencia en 2017 de Donald Trump -que ya había asegurado que bloquearía la fusión una vez retorne al poder el 20 de enero- comenzó a cambiar.
El bloqueo formal de la operación, valorada en unos 14.000 millones de dólares, frustra la fusión de la cuarta mayor acería mundial por volumen de producción, Nippon Steel, con la vigésimocuarta, US Steel, que iba a crear un coloso capaz de competir con otros como ArcelorMittal o los gigantes chinos liderados por Baowu Steel.