La Fiscalía considera que Moon tuvo “un papel integral” en la declaración del estado de excepción y le acusó de abuso de poder y de intento de insurrección, al considerarlo sospechoso de enviar tropas a la oficina de la Comisión Electoral Nacional (NEC) en Gwacheon, al sur de Seúl, durante la noche del 3 de diciembre, cuando se impuso la ley marcial.
El envío de tropas habría buscado hacerse con los servidores informáticos del NEC, ante la sospechas no fundadas de Yoon y sus colaboradores de que las elecciones legislativas de abril de 2024, en las que la oposición resultó fortalecida y el partido gobernante recibió un duro varapalo, estuvieron manipuladas.
También es sospechoso de discutir las operaciones de la ley marcial con Noh Sang-won, un excomandante de inteligencia de defensa, junto con otros dos subordinados, en una hamburguesería en la provincia de Gyeonggi, que rodea Seúl, dos días antes de la imposición de la misma.
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La acusación se produce en la misma jornada en la que la orden para detener temporalmente al presidente Yoon está a punto de caducar sin que Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO por sus siglas en inglés) haya podido apresarlo para que declare sobre sus acciones del 3 de diciembre.
El presidente surcoreano, al que se ha prohibido salir del país, fue destituido por el Parlamento el pasado 14 de diciembre y está a la espera de que el Tribunal Constitucional decida de aquí a Junio si lo restituye o lo cesa definitivamente.