Esta reforma, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025, introduce cambios en los criterios bajo los cuales las cortes chinas pueden rechazar las resoluciones judiciales emitidas por juzgados de la isla, ampliando las condiciones de inadmisibilidad, informó este miércoles el Tribunal.
Además, la modificación ajusta la redacción de las disposiciones relacionadas con el reconocimiento de sentencias que pudieran contravenir los principios legales de China.
La normativa incluye ahora explícitamente que cualquier sentencia que "atente contra la soberanía nacional, la seguridad o el bienestar público" o contra el 'principio de una sola China' -planteamiento bajo el cual Pekín considera a Taiwán como una parte inalienable de su territorio- no podrá ser validada por los tribunales chinos.
De acuerdo con el texto, la normativa modificada establece además un procedimiento detallado en el que el solicitante debe presentar una solicitud para que las cortes chinas validen las sentencias de los tribunales taiwaneses.
Los juzgados chinos realizarán una evaluación sobre si corresponde o no aceptar la resolución taiwanesa, para lo cual emitirán una decisión formal al respecto.
Según el Tribunal Supremo de China, las modificaciones tienen como objetivo "proteger los derechos e intereses legítimos de los sujetos civiles a ambos lados del estrecho de Taiwán".
Pekín reclama la soberanía sobre Taiwán, a la que considera una provincia rebelde desde que en 1949 los nacionalistas del Kuomintang se replegaron en la isla tras perder la guerra contra el ejército comunista.