El lunes Yoon Suk-yeol, presidente de Corea del Sur, había sido citado por el equipo conjunto de investigación, formado por la policía, el Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango y la unidad de investigación del Ministerio de Defensa, para que se presentara hoy al interrogatorio en la sede del organismo anticorrupción en Gwacheon (al sur de Seúl).
Yoon ya evitó presentarse a una primera citación el pasado domingo con la Fiscalía surcoreana, que también lo investiga de manera paralela por su decisión de decretar el estado de excepción a principios de mes, argumentando el peligro que suponía la oposición para la democracia nacional.
La Fiscalía ha enviado una segunda citación y ha advertido que si Yoon decide no presentarse antes del 21 de diciembre estudiará solicitar una orden de arresto.
El CIO está meditando enviar también una segunda citación, informó hoy la agencia Yonhap, e incluso está analizando si la situación le permitiría solicitar también una orden de arresto, competencia que en principio solo corresponde a los fiscales.
Entre tanto, representantes de ambos equipos de investigación han señalado estos días que los servicios de seguridad presidencial están a su vez devolviendo las citaciones que reciben.
A Yoon, al que se ha prohibido salir del país, así como a otros miembros de su Gabinete -como el exministro de Defensa Kim Yong-hyun, que permanece en prisión preventiva- y altos cargos militares y policiales, se les investiga por presuntos delitos de amotinamiento, abuso de poder o insurrección.
Este último es el más grave de ellos y puede suponer el arresto de Yoon, ya que ni siquiera la inmunidad presidencial prevalece en casos de insurrección, delito que, para aquellos a los que se considera líderes del levantamiento, se salda con cadena perpetua o pena de muerte (sobre la cual exista una moratoria en Corea del Sur desde 1997).
Lea más: Fiscalía emplaza al destituido presidente de Corea del Sur
Tribunal Constitucional
Yoon fue destituido el sábado por el Parlamento y su futuro depende ahora de lo que decida el Tribunal Constitucional, que tiene un máximo de seis meses para determinar si el presidente violó o no la Carta Magna al implementar la ley marcial y si, por lo tanto, debe ratificarse su cese o debe ser restituido en el puesto.