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El que fuera inquilino del Elíseo entre 2007 y 2012 deberá llevar un brazalete electrónico durante un año, lo que le convierte en el primer expresidente francés obligado a cumplir una condena de arresto, aunque sea domiciliario.
Jacques Chirac también fue condenado, pero a una pena exenta de cumplimiento.
Los abogados de Sarkozy han dejado entrever que apelarán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, pero eso no suspende la aplicación de la pena.
Nicolás Sarkozy, de 69 años, deberá comparecer antes de un mes ante un juez de libertades y detención, que establecerá las modalidades en las que llevará el brazalete electrónico y otras condiciones de su arresto domiciliario.
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El expresidente sufre así un enorme revés jurídico, uno más de los que le está reservando la justicia desde su salida del Elíseo en 2012, derrotado por el socialista Farnçois Hollande.
Influencia y contactos con Macron
Aunque apartado de la primera línea política, Sarkozy sigue teniendo una gran influencia en la derecha francesa y mantiene contactos regulares con el actual presidente, Emmanuel Macron.
Además, es un habitual del palco del Parque de los Príncipes, sus libros se convierten en grandes éxitos de ventas y encadena las dedicatorias por todo el país, pese a la cargada agenda judicial que arrastra, que ha derivado en una primera condena final en el país.
Lo es por un caso de corrupción y tráfico de influencias, conocido en Francia como el ‘caso Bismuth’, en referencia al nombre falso que eligió Sarkozy para abrir una línea telefónica secundaria.
Supuso la primera condena para el expresidente, dictada por el Correccional de París en marzo de 2021, pena confirmada en apelación en mayo de 2023, a tres años de cárcel, aunque solo uno efectivo, con la posibilidad de cumplirlo en arresto domiciliario y con un brazalete electrónico, pena que ahora ha confirmado el Supremo.
La investigación
Las pesquisas se abrieron cuando los investigadores, que tenían bajo escucha los teléfonos de Sarkozy en 2014 en el marco de otro caso, descubrieron que su abogado le había abierto una línea secundaria con la que mantenían comunicaciones y que también fue pinchado.
En las escuchas descubrieron conversaciones que apuntaban a un caso de presunta corrupción y tráfico de influencias.
En concreto, Sarkozy y su abogado hablaban de contactos con un magistrado, Gilbert Azibert, al que pedían datos sobre la instrucción de otra de las acusaciones contra él a cambio de que el ya expresidente usara su influencia para conseguirle un puesto honorífico en Mónaco.
Esas escuchas sirvieron para abrir una investigación que acabó por convertir a Sarkozy en el primer expresidente francés en sentarse en el banquillo de los acusados, ya que Chirac no lo hizo por razones médicas.
Sarkozy tiene por delante un largo rosario de cuentas pendientes con la justicia.
La más inmediata llegará el próximo 6 de enero, cuando se abra el juicio por la presunta financiación ilegal de su campaña de 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi, un proceso al que podría acudir ya con el brazalete electrónico.