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Así el Parlamento Europeo dio luz verde a un acuerdo para dar un año adicional a las empresas con el objetivo de que puedan cumplir con la legislación sobre deforestación, que prohíbe la venta en la Unión Europea de productos procedentes de tierras deforestadas.
La Eurocámara, que trasladó esta semana su actividad plenaria a Estrasburgo (Francia), aprobó por amplia mayoría esta medida provisional acordada el pasado 3 de diciembre con el Consejo Europeo.
La ley de deforestación, adoptada por la Eurocámara el 19 de abril de 2023, tiene como objetivo luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad mediante la prevención de la deforestación en los Estados miembros.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que entre 1990 y 2020 se perdieron 420 millones de hectáreas de bosque, una superficie mayor que la de la UE, debido a la deforestación.
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A su vez apunta que el consumo europeo representa alrededor del 10% de la deforestación mundial, más de dos tercios de la cual proceden de la producción de aceite de palma y soja.
Detalles de lo aprobado
“Las empresas tendrán un año más para adaptarse a las nuevas reglas que prohíben la venta en la UE de productos procedentes de tierras deforestadas”, explicó la institución en un comunicado.
Tras recibir la aprobación del PE, el texto, deberá ser refrendado por el Consejo Europeo para su entrada en vigor. En caso afirmativo, la norma será efectiva a partir del 30 de diciembre de 2025 para los grandes operadores y comerciantes y seis meses más tarde, el 30 de junio de 2026, para las microempresas y las pequeñas empresas.
Esta legislación afectará a todas las empresas pertinentes que comercializan en la UE o exportan desde ella aceite de palma, ganado, soja, café, cacao, madera y caucho, así como algunos de sus productos derivados (como carne de vacuno, muebles o chocolate).
El año adicional que brinda este texto nace de una propuesta de Comisión Europea en respuesta a las preocupaciones planteadas por los Estados miembros de la UE, terceros países, proveedores y operadores que temían no poder cumplir las normas en su totalidad si se aplicaba a partir de finales de este año.
El PE añadió que, a raíz de sus demandas, la Comisión se comprometió a garantizar que tanto el sistema de información para operadores e intermediarios como el sistema de clasificación de riesgos de países y regiones estén disponibles “lo antes posible”.
También detalló que, con fecha límite del 30 de junio de 2028, la Comisión analizará medidas adicionales para simplificar y reducir la carga administrativa para las empresas.