La norma, ingresada por el mandatario en agosto de 2023, no requerirá como único elemento de prueba el demostrar ánimo terrorista, excesivamente complejo de acreditar, sino que contempla diversos elementos.
También permite perseguir y sancionar a integrantes de una “asociación terrorista” solo por el hecho de pertenecer a ella con penas desde los 5 años de cárcel hasta los 15. Si además los integrantes del grupo cometen otros delitos, se sumarán las penas. Sanciona, además, la colaboración con un grupo terrorista y el financiamiento del terrorismo.
La ley permite técnicas especiales de investigación para delitos terroristas, como interceptación de comunicaciones, registro de equipos informáticos, captación subrepticia de imágenes o sonidos, agentes encubiertos, reveladores e informantes y entregas vigiladas.
La aprobación de la norma se produce tras el visto bueno de la Cámara Baja a una polémica enmienda que permite el uso de "tecnología invasiva" conocida como "Imsi- Catcher" para las investigaciones en causas consideradas terroristas y que permitirá interceptar metadatos de la ubicación de un teléfono en un amplio rango de superficie, incluyendo no solo a la persona investigada, sino que todos los que están a su alrededor.
"Esto afecta a personas que no tienen relación con los delitos investigados pero a las cuales se les interceptarán sus comunicaciones, representa una amenaza directa a derechos fundamentales como la privacidad de las comunicaciones y su inviolabilidad de forma arbitraria", destacó la diputada comunista Alejandra Placencia.
La propuesta, que fue incorporada durante la discusión parlamentaria, exhibió las diferencias entre las dos almas de la coalición de Gobierno: mientras la izquierda (Partido Comunistas y Frente Amplio) rechazó la enmienda o se abstuvo, la centro-izquierda (excepto tres socialistas) votaron a favor. La polémica enmienda fue finalmente aprobada por 102 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones.
El Gobierno se distanció de las críticas a esta enmienda y, a través de su ministra del Interior, Carolina Tohá, aseveró que "la forma en que quedó resuelta la aplicación del Imsi-Catcher en esta ley es adecuada".
Los parlamentarios comunistas y del Frente Amplio, donde milita el presidente Boric, advirtieron que de aprobarse el uso de la "tecnología invasiva" recurrirán al Tribunal Constitucional, lo que puede retrasar la promulgación de la nueva ley.
Con la aprobación de la Ley Antiterrorista y la que crea el nuevo Ministerio de Seguridad, votada hace justo una semana, el Ejecutivo avanza en su agenda en la materia, convertida, con el paso de los meses, en una de sus prioridades y en la mayor preocupación de la ciudadanía.
Chile vive desde hace unos años una crisis de inseguridad motivada por la llegada al país del crimen organizado trasnacional, que ha llevado a la tasa de homicidios desde los 4,5 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2018 a los 6,3 homicidios en 2023.