En su informe de Perspectivas sobre Latinoamérica y el Caribe publicado este lunes, la Organización para la Cooperación Económica (OCDE) recuerda que la brecha de financiación para cumplir las metas del desarrollo sostenible se ha calculado para esa región en un promedio de 99.000 millones de dólares anuales.
Y para responder a esas carencias, los ingresos fiscales en 2022 representaron únicamente un 21,5 % del producto interior bruto (PIB).
Aunque hay notables diferencias dentro de la región (del 10,6 % en Guyana al 33,3 % en Brasil), en conjunto los ingresos fiscales con los que se financian servicios públicos, infraestructuras o programas de bienestar social estaban muy por debajo de la media del 34 % en la OCDE, y además habían incluso disminuido ligeramente respecto al 21,9 % en 2016.
Otra característica del sistema impositivo latinoamericano es el gran peso relativo de los impuestos indirectos (un 48 % del total, frente al 32 % en la OCDE), que son los más regresivos, es decir que relativamente gravan más a los que menos recursos tienen.
La OCDE aconseja, entre otras cosas, para contribuir a la redistribución de la riqueza ampliar los impuestos sobre la propiedad inmueble, que representaban en 2022 un 0,4 % del PIB, comparado con el 1 % en la OCDE.
También incrementar las tasas medioambientales, que suponían un 0,9 %, la mitad que en la OCDE.
Los autores del informe, que se publica coincidiendo con la reunión de alto nivel del comité director del Centro de Desarrollo de la OCDE, señalan también la importante carga del servicio de la deuda, que ha subido en los últimos años y representó en el conjunto de la región el 12,2 % de los ingresos fiscales en 2022, frente al 9,8 % en 2012, y muy por encima del 4,8 % en la OCDE.
La situación es muy diversa por países, en función del nivel de la deuda pública (entre el 23 % y el 140 % del PIB), pero ese servicio de la deuda llega al 30 % en México y supera o ronda el 20 % en la República Dominicana, El Salvador, Bahamas, Costa Rica y Colombia.
La OCDE pone el acento en que, más allá de las finanzas públicas, para canalizar los recursos privados hacia el desarrollo es esencial tener unos mercados financieros sólidos e inclusivos, algo que no ocurre en Latinoamérica y el Caribe, donde "se encuentran rezagados".
Lo ilustra el hecho de que aunque el porcentaje de adultos con una cuenta bancaria ha aumentado del 29,6 % en 2011 al 57,2 % en 2021, sigue estando por debajo del promedio de la OCDE (93,7 %) y los servicios que ofrece el sector son mucho más caros, con un margen neto por intereses del 5 %, frente al 1,7 % en la OCDE.
Los mercados de capitales constituyen un recurso "desaprovechado" para financiar las inversiones de la región porque tienen un tamaño reducido, son heterogéneos y están concentrados en pocas manos, añade el informe.
La capitalización bursátil en 2022 era allí del 35,9 % del PIB frente al 64,7 % en los países de la OCDE, y además el 1 % de los accionistas controlaba el 46 % del total de las participaciones (frente al 31 % en el conjunto de la organización).
Es más, la dimensión de esos mercados de renta variable se ha reducido en las dos últimas décadas debido a que las grandes empresas latinoamericanas emigran a otros más avanzados y el acceso para las pymes es limitado. Los bonos corporativos de la región equivalían en 2023 a solo alrededor del 2 % del total global.
Para los autores del estudio, los países de la región saldrían beneficiados si pusieran en común sus prioridades en materia de desarrollo y su financiación, en particular para movilizar dinero privado de mecanismos internacionales.
El conocido como el 'club de los países desarrollados' insiste en que el contexto socioeconómico de Latinoamérica y el Caribe, marcado por una bajísima productividad y unos altos niveles de pobreza, dificulta los esfuerzos para movilizar más ingresos internos.
Su productividad laboral en 2023 se quedó en el 33 % de la de la OCDE, es decir un porcentaje inferior al 40 % que había en 1990.
Pese al descenso en las últimas décadas, en 2023 eran pobres el 22,5 % de los habitantes de la región, algo menos que el 25,8 % de 2016.