Briceño y su familia, que fueron desterrados a Costa Rica donde hizo la denuncia pública del hecho acompañado de abogados de la ONG humanitaria Colectivo Nicaragua Nunca Más, afirmó además que fue objeto de acoso y hostigamiento por parte de policías y militares previo a su expulsión.
El comunicador relató a través de una conferencia de prensa virtual que el pasado domingo 24 de noviembre, en horas de la tarde, unos 20 oficiales, encabezados por el jefe de la policía del municipio de San Rafael del Sur (Pacífico), donde reside, acudieron a su vivienda con la orden de detenerlo y expulsarlo de Nicaragua.
Además de intervenir las cuatro propiedades que posee su núcleo familiar, entre ellos un hostal, un motel y un vivero.
Una vez aprehendidos, fueron montados en patrullas policiales para trasladarlo por tierra desde San Rafael del Sur hasta cerca de Peñas Blancas, el puesto de control fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica.
Allí llegaron en horas de la noche siendo entregados a un grupo de militares nicaragüenses que resguarda la frontera, quienes les indicaron que debían irse a Costa Rica de forma irregular por una montaña cubierta de pantano por las lluvias.
Una vez en Costa Rica fueron divisados por las autoridades de Migración, ante quienes se identificaron y recibieron, dijo Briceño, un trato humano.
Según el comunicador, él, su esposa, su hija y su hijo de 11 años recibieron un pasaporte emitido por la Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua con fecha del 24 de noviembre de 2024, es decir el mismo día en que fueron expulsados.
Briceño aseguró que en su familia "hay llanto, hay dolor y hay incertidumbre" tras haber sido expulsados de su país.
También dijo que "duele que te dejen en la calle", en referencia a las cuatro propiedades que les fueron intervenidas y a que la policía no le permitió sacar nada de la casa.
De momento ni el Gobierno que preside Daniel Ortega, ni la Policía Nacional, ni el Ejército de Nicaragua, ni Migración, se han referido a esa denuncia, y generalmente no lo hacen.
Los abogados Yader Valdivia y Juan Carlos Arce, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, ofrecieron acompañamiento a la familia para que denuncia al Estado de Nicaragua ante el sistema interamericano o la Corte Interamericana de Derechos Humanos por esa expulsión, que catalogaron como un delito de lesa humanidad.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «golpistas» y de «traición a la patria».