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La presidenta de la Comisión Europea (el brazo ejecutivo de la UE) , Ursula von der Leyen, dijo que “económicamente, este es un acuerdo en el que todos ganan” , una visión cuestionada por la mayor potencia agrícola europea.
¿Qué es el tratado UE-Mercosur?
Se trata de un ambicioso acuerdo que consta de capítulos sobre asociación política, cooperación y un controvertido segmento sobre comercio, que busca eliminar la mayoría de los aranceles entre ambas zonas.
Creado en 1991, el Mercosur (Mercado común del sur) agrupa a cinco países: Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, que se unió en 2023. Venezuela adhirió al bloque en 2012 pero su membresía fue suspendida desde 2016. El tratado negociado no incluye a Venezuela ni a Bolivia, sino a los cuatro países fundadores del bloque.
Exportaciones
Los contactos entre la UE y el Mercosur comenzaron en 1999. Si resulta implementado, este acuerdo permitiría a los cuatro países sudamericanos exportar a Europa carne (vacuna y de aves de corral) , azúcar, arroz o miel.
La UE, por su parte, exportaría vehículos, maquinaria y productos farmacéuticos.
En 2019, los dos bloques anunciaron un acuerdo político, pero países de la UE exigieron que se añadan garantías medioambientales, y la negociación se extendió por otros cinco años, ya que varios capítulos fueron reabiertos.
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¿Quién saldría ganando?
De acuerdo con la Comisión Europea, las empresas de los dos bloques pasarían a actuar en un mercado con 279 millones de personas del lado del Mercosur y 450 millones del lado de la UE.
En ese escenario, los países de la UE tienen intereses diversos. España tiene particular interés en las exportaciones de aceite de oliva y vinos, el tiempo que Alemania, por ejemplo, busca un espacio que pueda auxiliar a su alicaída industria automovilística.
Para los sudamericanos, el acuerdo representaría acceso a un mercado que requiere alimentos. En 2023, los cuatro países del Mercosur exportaron a la UE alimentos (carne, soja y maíz) por unos 24.000 millones de dólares.
Además, el desafío planteado por la transición climática empuja a Europa a acercarse a la región sudamericana, rica en litio, cobre, hierro y cobalto.
Las crecientes tensiones comerciales con China y la perspectiva de dificultades con Estados Unidos en un futuro próximo también tuvieron un papel en la aproximación de la UE con el bloque del Mercosur.
¿Quién saldría perdiendo?
Los granjeros franceses son los que más han puesto el grito en el cielo por el acuerdo.
El acuerdo prevé cuotas de exportación de 99.000 toneladas de carne vacuna y la supresión de todos los derechos de aduana sobre 60.000 toneladas de carne importada a Europa desde el Mercosur.
La Comisión Europea afirma que esas cuotas representan solo un 1,6% de la producción anual de carne bovina en la UE.
La posición francesa es que el acuerdo expondrá a los productores agropecuarios de ese país a una demoledora competencia con rivales que no están sometidos a las mismas exigencias, sobre todo en materia ambiental.
En contrapartida, los cuatro países sudamericanos quieren evitar que sus propias industrias resulten aplastadas por sus equivalentes europeos. Por esa razón, por ejemplo, Brasil busca proteger su industria automotriz de los efectos del acuerdo.
¿Y ahora?
El acuerdo anunciado en Montevideo tiene que ser ratificado en la UE, en un proceso de extrema complejidad que en parte aún no está plenamente definido.
Según las normas de la UE, el comercio es una atribución de la Comisión, que ahora tendrá que definir si divide el acuerdo y somete el capítulo comercial a un proceso de aprobación más directo, aunque hay países que se oponen a ello.
Normalmente, la ratificación de la UE requiere que 15 Estados miembros que representan el 65% de la población del bloque de 27 naciones la aprueben y luego obtengan la autorización del Parlamento Europeo.
Francia ha dejado claro que continuará en su empeño de bloquear al acuerdo, en una postura que logró la solidaridad de Polonia e Italia. Austria y los Países Bajos también han expresado reservas.
El primer paso, sin embargo, será la traducción de todos los textos negociados a los 24 idiomas oficiales de la UE, para dar inicio a la revisión legal.