El Legislativo ecuatoriano, en un comunicado, aseguró que defenderá la Carta Magna del Estado y que ejercerá "todas las acciones para evitar que se concrete un acto inconstitucional que afecte a la población con la creación de más impuestos".
"El Parlamento ya se pronunció con la negativa y archivo" mediante una decisión de la mayoría del pleno que ya ha sido inscrita en el Registro Oficial, el libro de leyes del Estado, añadió el Legislativo al asegurar que, por esa razón, "el tratamiento constitucional del proyecto ya concluyó".
Recordó que el artículo 140 de la Constitución establece que la Asamblea Nacional "podrá modificar, aprobar o negar los proyectos de ley económicos urgentes en el plazo de 30 días" y que solo si se incumpliera dicho plazo el Ejecutivo podría promulgar la iniciativa como "decreto-ley".
El 'Proyecto de Ley Orgánica para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos' o 'Ley Antipillos' fue entregada por el Gobierno al Legislativo el pasado 8 de noviembre, pero el 27 de ese mismo mes el Parlamento notificó que había negado y archivado la propuesta por considerar que su objetivo era gravar con más impuestos a los ciudadanos.
Este sábado, el Gobierno devolvió a la Asamblea la resolución de archivó la 'Ley Antipillos', y aseguró que la norma legislativa establece que un proyecto legal calificado como urgente en materia económica, como en este caso, puede ser archivado solo en un segundo debate del pleno de la Asamblea.
"Recordamos a los asambleístas que los tiempos establecidos para el trámite de la 'Ley Antipillos' siguen su curso, por lo que el Gobierno, en su momento, sabrá responder con base a la Constitución", señaló el Ejecutivo en un comunicado oficial.
Según ese escrito, "la seguridad del país está en juego y el Gobierno no permitirá que las mafias ganen esta batalla".
Además, repitió que "la vieja política que actúa en la Asamblea Nacional no solo busca frenar la 'Ley Antipillos', una herramienta vital para golpear a las mafias, sino que pretende mantener abierta la puerta del financiamiento de los grupos narcodelictivos para que sigan ganando poder".
Por contra, para la Asamblea Nacional, "la verdadera intención" del proyecto "es crear más impuestos para los ecuatorianos, lo que tendría un impacto directo sobre las personas de ingresos medios y bajos, agravando aún más su situación económica" del país, que afronta una grave recesión.
Al anunciar su iniciativa, el Ejecutivo había afirmado que el proyecto planteaba acciones para prevenir, localizar y eliminar el lavado de activos y la introducción de capital ilícito en la economía nacional.
La propuesta incluía regulaciones de control y reformas institucionales como el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), aunque los legisladores consideraron que la iniciativa no encaraba el problema medular sobre el análisis y la verificación del origen ilícito de los recursos económicos que ingresan a la economía formal.
La propuesta de Noboa se enmarcaba, según él, en la lucha contra el crimen organizado y sus fuentes de financiación, al considerar que la delincuencia organizada era la causa para la grave situación de violencia que se abate sobre el país desde hace unos cuatro años.
Desde inicios de 2024, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno", con lo que pasó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas y emitió una serie de estados de excepción con acciones como la militarización de las cárceles, controladas por estructuras criminales.
Si bien el Gobierno ha reportado una disminución del 17 % en el número de homicidios a nivel nacional, las denuncias de extorsiones, secuestros y asesinatos se siguen presentando a diario en el país.