El pasado 20 de septiembre, el gobierno de Israel objetó de forma oficial la jurisdicción del CPI para enjuiciar crímenes de guerra en Gaza, así como la legalidad para emitir órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant.
Era la respuesta dada por el ejecutivo de Jerusalén al fiscal general de la CPI, Karim Khan, quien solicitó autorización el 20 de mayo a los jueces para emitir órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant por crímenes cometidos en la Franja de Gaza.
En marzo de 2024, la CPI emitió una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, acusándolo de ser responsable de crímenes de guerra cometidos en Ucrania. Moscú ha negado reiteradamente las acusaciones y, de hecho, no reconoce la jurisdicción del tribunal de La Haya (Países Bajos).
El expresidente de Sudán Omar al-Bashir (1993-2019) es el otro jefe de Estado sobre el que la CPI mantiene una orden de detención viva. Es buscado por crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio en Darfur (Sudán) desde 2009. La decisión de la CPI fue rechazada por la Unión Africana, la Liga Árabe, el Movimiento de Países No Alineados y los gobiernos de Rusia y China.
La Fiscalía de la CPI tiene abierta también una investigación formal contra Venezuela desde noviembre de 2021, después de haber examinado las denuncias de Perú, Argentina, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay, asegurando que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en el país bolivariano a partir del 12 de febrero de 2014.
Por ahora, la investigación se lleva a cabo contra Venezuela y no contra ningún alto cargo del país latinoamericano.
No obstante, el 6 de septiembre de 2024, una treintena de exmandatarios iberoamericanos y los expresidentes del Gobierno español Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy pidieron a la Fiscalía de la CPI ‘la captura y detención inmediata’ del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de su número dos Diosdado Cabello y de toda la cadena de mando del país.
En busca y captura se halla Said al Islam Gaddafi, que fue primer ministro de facto del régimen libio bajo la presidencia de su padre, Muammar Gaddafi. Said es buscado por crímenes de lesa humanidad tras las manifestaciones populares de Libia en febrero de 2011.
El exjefe de Estado de Costa de Marfil Laurent Gbagbo (2000 y 2011) fue el primer presidente en estar bajo custodia de la CPI, una vez detenido y extraditado a La Haya. La CPI lo juzgó por asesinato, violación, otros actos inhumanos y persecución cometidos entre 2010 y 2011. En marzo de 2021 fue absuelto.
La CPI juzga crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad y sus sentencias comprometen los países. Estados Unidos, Rusia, China, India, Israel, Cuba e Irak no reconocen su jurisdicción.