El Ejecutivo afirmó a través de un comunicado que “cualquier persona razonable, al revisar la sentencia del tribunal, reconocería la gravedad del delito y la culpabilidad de los condenados, respaldada por pruebas irrefutables”, a pesar de lo cual países occidentales y prensa extranjera “continúan distorsionando la verdad”.
Estas declaraciones se produjeron después de que un tribunal hongkonés dictara penas de entre cuatro y diez años de prisión contra 45 activistas acusados de “conspiración para subvertir el poder del Estado”, en el juicio de mayor envergadura y duración celebrado hasta ahora bajo la LSN impuesta por Pekín en 2020, y en un contexto de creciente represión.
El Gobierno de la excolonia acusó a Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia, la "fuerzas antichinas” y los medios de comunicación extranjeros de difamar a Hong Kong por sus duras críticas hacia las sentencias y les instó a que dejen de interferir en los asuntos internos del país y de Hong Kong.
Entre las críticas occidentales destacó la de EE.UU., desde donde el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, calificó las condenas de “retroceso en las libertades civiles”, pidió sanciones contra “los responsables de la represión” y anunció restricciones de visado a varios funcionarios hongkoneses responsables de la implementación de la ley de seguridad nacional.
Las autoridades hongkonesas calificaron estas medidas como una maniobra política destinada a intimidar a quienes defienden la seguridad nacional y señalaron que “han demostrado la típica manipulación política despreciable y la hipocresía de doble rasero”.
“Estas acciones interfieren groseramente en los asuntos internos de China y de Hong Kong, y violan el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales”, declaró un portavoz gubernamental, que mostró su desprecio por tales amenazas y aseguró que no se dejaran intimidar por tales “comportamientos indignos”.
En 2020, la administración de Donald Trump ya impuso sanciones económicas a once funcionarios actuales y anteriores de la ciudad y de China continental, cuyas acciones o políticas habían amenazado "la paz, la seguridad, la estabilidad o la autonomía de Hong Kong".
Entre los sancionados figuraron la entonces jefa ejecutiva Carrie Lam y el actual líder de la ciudad, John Lee, en aquel momento ministro de Seguridad.
Mientras, este jueves prosigue en los tribunales el juicio contra Jimmy Lai, que se reanudó en la víspera con la declaración del magnate prodemocrático, quien enfrenta cargos de conspiración por colusión con fuerzas extranjeras bajo la LSN y por la difusión de ideas subversivas a través de Apple Daily, el periódico que dirigía y que fue cerrado en 2021.
El empresario ya se encuentra cumpliendo otra condena de 5 años y 9 meses de prisión por un delito de fraude por supuestas infracciones en el arrendamiento de su compañía multimedia, una sentencia impuesta tras permanecer dos años en prisión preventiva y como colofón de una larga serie de causas contra él.
El Gobierno chino, por su parte, ha calificado a Lai de "un agente y peón de fuerzas antichinas" y sostiene que "nadie puede ampararse en la bandera de la libertad para participar en actividades ilegales y en intentos de escapar de la ley".