En un mensaje publicado en X, el encargado de América Latina en el Departamento de Estado, Brian Nichols, condenó las acciones de la Asamblea Nacional nicaragüense, calificándolas de “movimientos corruptos para cambiar, sin revisión ni debate, la Constitución con el fin de concentrar más el poder en manos de Ortega y (su esposa Rosario) Murillo”.
Nichols añadió que “el régimen usará este poder para reprimir a los nicaragüenses y aislar aún más a Nicaragua de la comunidad internacional”.
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La reforma constitucional, la duodécima desde que Ortega asumió la presidencia en 2007, contempla, entre otras medidas, ampliar de cinco a seis años el período presidencial, instaurar la figura de “copresidenta” y otorgar al Ejecutivo la facultad de coordinar a los demás poderes del Estado.
Además, la propuesta enviada al Parlamento, dominado por el oficialismo sandinista, incluye incorporar la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el poder desde 2007, como símbolo nacional.
La reforma ha sido condenada por figuras como el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y líderes opositores nicaragüenses, entre ellos Juan Sebastián Chamorro.