El Ejecutivo comunitario sospecha que estas empresas han desarrollado acuerdos ilegales o cárteles para restringir la competencia, una práctica prohibida por las reglas europeas contra los monopolios.
En concreto, los servicios europeos de Competencia investigan posibles acuerdos de 'no captación' ('non-poach agreements', en inglés), en los cuales las compañías involucradas se comprometen a no contratar a trabajadores de la otra parte.
Los funcionarios europeos que realizaron esas inspecciones estuvieron acompañados por las autoridades nacionales de Competencia de los países afectados, según explica la Comisión Europea, que no nombra ni estos países ni las compañías investigadas.
Este tipo de inspecciones son un paso "preliminar" en las investigaciones del Ejecutivo comunitario de posibles prácticas anticompetitivas y el hecho de que hayan tenido lugar "no significa que las empresas sean culpables" ni "prejuzga el resultado de la investigación", subraya la institución.
El departamento que aún dirige la danesa Margrethe Vestager señaló también que no dispone de un plazo legal determinado para concluir la investigación y explicó que "su duración depende de una serie de factores", entre los que cita la complejidad del caso o el grado de colaboración de las compañías afectadas.
Las normas comunitarias de Competencia permiten la concesión de inmunidad o "importantes reducciones" de las multas a aquellas empresas que hayan participado en acuerdos ilegales de precios pero reconozcan su implicación y cooperen con las autoridades europeas.