Esta medida se tomó tras la suspensión de cinco meses impuesta por el Gobierno a la vicepresidenta y embajadora en Israel, Verónica Abad, al no haberse presentado dentro de la fecha indicada por el Gobierno en Ankara, a donde el Ejecutivo la trasladó temporalmente desde Tel Aviv por motivos de seguridad.
La suspensión a Abad se da como parte del abierto enfrentamiento que mantiene con Noboa, y le impedirá asumir las funciones presidenciales de manera temporal cuando el mandatario deba delegarlas para la campaña electoral de los comicios de 2025, donde el gobernante buscará la reelección.
“Esta acción constitucional responde a la designación ilegítima de Sariha Moya Angulo como vicepresidenta de la República”, señaló el comunicado con el que PSE presentó esta medida.
El partido consideró que “el decreto ejecutivo constituye una violación grave a la Constitución y a los principios del Estado de derecho y justicia” y solicitó a la Corte Constitucional, el máximo órgano de la justicia nacional, como medida cautelar, “la suspensión inmediata de la designación de la vicepresidenta de la República y restablecer el orden constitucional”.
Así lo refrendó Xavier Véloz, abogado del PSE, quien acudió junto a Verónica Silva, candidata a la Vicepresidencia, y Elsa Guerra, candidata a la Asamblea, a presentar la demanda ante la Corte Constitucional.
Véloz mencionó que las causas de ausencia temporal del presidente y vicepresidente que contempla el artículo 146 de la Constitución de Ecuador son enfermedad, fuerza mayor y licencia otorgada por la Asamblea Nacional.
"En ningún momento se establece dentro de las causales al sumario administrativo", expresó Véloz e indicó que eso ha sido lo que ha enmarcado la designación de Sariha Moya como vicepresidenta.
“Es totalmente inconstitucional”, anotó.
Véloz añadió que plantearon una medida cautelar para que la Corte Constitucional suspenda de manera inmediata los efectos del decreto ejecutivo “y la vicepresidenta que constitucionalmente fue elegida por voto popular se mantenga en sus funciones como debe de ser”, prosiguió Véloz.
El distanciamiento entre Noboa y Abad comenzó antes incluso de ganar las elecciones de 2023, y quedó evidenciado cuando el presidente la envió como embajadora a Israel para buscar la paz entre israelíes y palestinos, en una de sus primeras decisiones como jefe de Estado.
Desde el Gobierno se ha rechazado la posibilidad de que Abad pueda asumir las funciones presidenciales durante la campaña electoral conforme contempla la Constitución, e incluso esta semana Noboa acusó al hijo de vicepresidenta suspendida de tener presuntamente 7,2 millones de dólares en paraísos fiscales, sin presentar prueba alguna.