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El proyecto fue aprobado en una primera ronda, pero necesitará dos votaciones adicionales para convertirse en ley. El ministro de Justicia, David Seymour, del Partido ACT, promotor de esta propuesta, afirmó que será evaluada por el Comité de Justicia del Parlamento en los próximos seis meses. La coalición gubernamental, liderada por Christopher Luxon, apoya la medida, argumentando que equilibrará los beneficios otorgados a los maoríes en contraste con el resto de la población.
Durante la votación, legisladores del Partido Maorí realizaron un “haka”, una danza de desafío que integra movimientos y cantos tradicionales, en claro desacuerdo con la propuesta. Esta acción fue secundada por miembros de la oposición y espectadores en las galerías del Parlamento, tal como fue difundido por el partido Te Pati Maori.
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Rawiri Waititi, colíder del Partido Maorí, justificó el “haka” como una muestra de desafío al Gobierno en declaraciones a Radio New Zealand. Mencionó que esta expresión cultural es comúnmente conocida por las actuaciones de los “All Blacks”, pero cuestionó su percepción cuando se realiza en un contexto político como protesta.
Marchas y manifestaciones
Paralelamente, miles de manifestantes con símbolos y vestimentas tradicionales maoríes se encaminan hacia el Parlamento en Wellington, oponiéndose al proyecto de ley. Este grupo partió desde el cabo Reinga, un lugar de gran importancia cultural para los maoríes, recorriendo diversas ciudades del país.
El proyecto sugiere otorgar al Gobierno y al Parlamento pleno poder legislativo, derivando en un eventual referendo si se ratifica tras la tercera lectura. El Tratado de Waitangi, fundamental en las relaciones estatales con la población maorí, que representa el 20% de los más de cinco millones de habitantes de Nueva Zelanda, fue revisado en 1975 sin definir sus principios, lo cual, según Seymour, ha favorecido notablemente a esta comunidad.
A pesar de las ganancias sociopolíticas, los maoríes continúan enfrentando discriminación sistemática y sufren tasas elevadas de pobreza, encarcelamiento, problemas de salud, violencia doméstica y suicidios, reflejando desigualdades históricas que subsisten en la sociedad neozelandesa.