Cargando...
La pospuesta aplicación del Reglamento (UE) 1115/2023, relativo a la comercialización en el mercado de la Unión y a la exportación desde la Unión de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal (EUDR), podría tener impactos significativos en las economías latinoamericanas y Paraguay no se encuentra exento de los posibles impactos, de acuerdo con un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El pasado 2 de octubre la Comisión Europea había propuesto postergar un año la implementación de la ley, objeto de severas críticas por parte de importantes socios comerciales de la UE, según EFE.
La ley dispone un veto a la importación en la Unión Europea de productos que en sus países de origen promuevan la deforestación, aunque los plazos y las exigencias de la normativa generaron muchos cuestionamientos.
Aliados de peso como Brasil y Estados Unidos ejercieron fuerte presión por las exigencias previstas en la legislación. Alemania también se sumó a los pedidos para que la implementación de la ley fuera aplazada.
La votación de la enmienda sobre esos países fue posible gracias a una alianza de los legisladores de la derecha y de la extrema derecha, y el resultado lanza un nuevo ciclo de negociaciones entre los países del bloque.
Lea más: Aun con Ley 1115 postergada se deben buscar mercados
Ya en octubre la Comisión había admitido que “varios socios globales han expresado repetidamente su preocupación por su estado de preparación”.
¿Cuándo entrará en vigencia?
De esta forma, la entrada en vigor de la ley queda atrasada al 30 de diciembre de 2025 para las grandes empresas, y a julio de 2026 para las PYMES.
Hoy, los legisladores aprobaron igualmente enmiendas al texto de la ley, en particular una que a las tres categorías de países -de “alto riesgo”, “riesgo estándar”, “bajo riesgo”- añadió otra para países “sin riesgo”.
En esa categoría quedarán incluidos los países que mantengan estables o aumenten sus áreas de forestación. Los países de este grupo quedarán exentos de muchas exigencias previstas en la norma.
De acuerdo con el Parlamento Europeo, la Comisión Europea debería finalizar su sistema de evaluación comparativa de países a más tardar el 30 de junio de 2025.