Irán investiga la muerte del activista que se suicidó para protestar por la represión

Teherán, 14 nov (EFE).- Las autoridades judiciales de Irán investigan “como un caso sospechoso” la muerte del activista Kianoosh Sanjari, quien se suicidó para protestar por lo que denominó la “dictadura de (líder supremo) Jameneí” y lo anunció en redes sociales.

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El fiscal general de Teherán, Mohammad Shahriari, informó este jueves de que la muerte de Sanjari está siendo investigada con “pruebas forenses e “imágenes de cámaras de vigilancia”, informó Mizan, medio del Poder Judicial.

La fuente indicó al mismo tiempo que Sanjari “tenía problemas mentales y emocionales según sus amigos” y había estado hospitalizado por ello.

La agencia IRNA informó por su parte de que testigos presenciales dijeron a la Policía que un hombre se tiró de un edificio cerca del puente Hafez de la capital, en referencia a Sanjari.

El experiodista y activista afirmó ayer por la tarde en X que se suicidaría si cuatro personas encarceladas por motivos políticos no eran puestas en libertad.

“Mi vida terminará después de este tweet, pero no olvidemos que vivimos y morimos por amor a la vida, no a la muerte”, dijo en X Sanjari horas más tarde después de que no se produjese la liberación de los activistas.

“Nadie debería ser encarcelado por expresar sus opiniones. La protesta es el derecho de todo ciudadano iraní”, dijo en su último mensaje en redes.

Los activistas para los que pidió la liberación son Fateme Sepehari, Nasrin Shakrami, Arsham Rezaei y Tomaj Salehi, todos ellos condenados por su participación en las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico en 2022.

Sanjari abandonó Irán en 2007 tras años de arrestos y se exilió en Estados Unidos, donde trabajó para el servicio en persa de Voice of América, la emisora internacional más grande y antigua financiada por el Gobierno federal de Estados Unidos.

Pero regresó a su país en 2016 después de que su madre enfermara y fue detenido y condenado a 11 años de cárcel.

Tres años más tarde fue ingresado en un hospital psiquiátrico, donde denunció que sufrió torturas como electrochoques y le ataban a la cama.

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