Guo, un exprofesor de primaria, fue condenado a muerte por violar en más de 100 ocasiones a seis alumnas de menos de 14 años entre 2013 y 2019.
Por su parte, Shang, un obrero, abusó sexualmente de ocho niñas entre 2011 y 2020, utilizando amenazas y coacciones.
En cuanto a Gong, el propietario de una tienda de aldea, fue hallado culpable de violar repetidamente a una niña durante casi cinco años, lo que llevó a la víctima a quitarse la vida a los 16 años.
El Tribunal Popular Supremo subrayó en su sentencia que estos casos reflejan la gravedad de los delitos cometidos y la necesidad de aplicar penas ejemplares para proteger a los menores.
Los agresores, según las investigaciones del organismo, suelen ser personas cercanas a las víctimas, como familiares, profesores o vecinos, lo que dificulta la detección de estos crímenes.
Las niñas, a menudo de entornos vulnerables, carecen de los recursos necesarios para denunciar estos abusos.
La sentencia de muerte contra estos tres individuos, según las autoridades chinas, busca disuadir a otros potenciales agresores y enviar un mensaje claro de que este tipo de delitos no quedarán impunes.
En mayo de 2023, el Tribunal Popular Supremo de China informó también de la ejecución de tres reos en un mismo día, todos acusados de violar a varias niñas y adolescentes.
El Tribunal ya explicó entonces en un comunicado que los tribunales "siempre han otorgado gran importancia a la protección de los derechos e intereses de los menores, y han aplicado la pena de muerte a un número muy reducido de delincuentes que han cometido delitos particularmente atroces y delitos extremadamente graves", contra los que "nunca mostrarán indulgencia".
Las autoridades chinas no facilitan datos oficiales sobre el número de condenados a muerte, pero en su informe anual de 2022, la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional apuntó que "se cree que se llevaron a cabo miles de ejecuciones" en el país.
La violencia contra mujeres y niñas es una violación grave de los derechos humanos y el derecho de las mujeres a vivir sin violencia está recogido en acuerdos internacionales. En el ámbito mundial, solo el 40 % de las mujeres busca ayuda tras sufrir violencia, lo que obliga a las instituciones a promover políticas de prevención y ayuda.