El parlamentario se encuentra en detención preventiva desde el pasado 25 de octubre por orden de la Fiscalía tras la denuncia de la víctima, agredida supuestamente durante una disputa en la ciudad de Sousse (este), a 150 kilómetros de la capital.
El Tribunal de Primera Instancia de Susa rechazó una semana antes su liberación y aplazó el juicio hasta ayer, lo que provocó las protestas de otros miembros de la cámara que acudieron al hemiciclo con fotografías del detenido y denunciaron una "injusticia", convocando a los ministros de Justicia e Interior para reclamar explicaciones.
En marzo de 2023 el Parlamento reabrió sus puertas 20 meses después de ser disuelta por el presidente Kais Said, que se hizo con plenos poderes para "preservar la paz social", y tras unas elecciones legislativas que apenas movilizaron al 11 % del electorado.
Según el reglamento interno, los miembros se benefician de una inmunidad que les protege de un proceso judicial o detención durante la duración de su mandato quinquenal a excepción de que la mayoría parlamentaria vote -puerta cerrada- su retirada. Desde comienzos de año ha rechazado una decena de solicitudes al considerar que los cargos que se le imputaban no requerían dicha medida.
En octubre de 2023 se tomó esta decisión contra el diputado Sami Abdelaali por sospechas de malversación de fondos públicos y presentación de documentos ilegales en un caso iniciado por el consulado tunecino en la ciudad italiana de Palermo.
Said modificó unilateralmente la ley electoral y ratificó una nueva constitución -votada en referendo popular pese al 70 % de abstención- que instaura un sistema ultrapresidencialista y según la cual la Asamblea comparte el poder legislativo con una nueva cámara, el Consejo Regional y de Distritos; ambas con prerrogativas muy reducidas ya que no pueden nombrar al primer ministro ni presentar una moción de censura contra éste o el jefe del Estado.