Esta práctica muy controvertida ha sido usada durante años, especialmente por el Gobierno, que la utiliza con frecuencia para castigar a infractores en los estados gobernados por el Bharatiya Janata Party (BJP), la formación del primer ministro indio, el nacionalista hindú Narendra Modi.
"Si el Ejecutivo, de manera arbitraria, demuele la casa de un ciudadano sólo porque esta acusado de un crimen, entonces (el Ejecutivo) actúa en contra del principio del Estado de derecho", dijo el tribunal compuesto por los magistrados Bhushan R. Gavai y Kalpathy V. Viswanathan, según la sentencia.
Una casa "es un aspecto de las aspiraciones socioeconómicas y no es simplemente una propiedad. Simboliza años de lucha y da un sentido de dignidad, y si se priva a alguien de este derecho, entonces la autoridad tiene que demostrar que esa medida era el último recurso disponible", subrayó la Corte.
Los jueces Gavai y Viswanathan también establecieron guías para frenar la demolición y para castigar a los funcionarios públicos que ordenen este tipo de medidas, que han sido utilizadas en este país asiático contra infractores especialmente de la minoría musulmana.
La política de demolición ha sido defendida por grupos extremistas hindúes. El Supremo ha impuesto suspensiones temporales en varias ocasiones contra las demoliciones sumarias de viviendas usadas como castigo en la India.
Según varios activistas, la "justicia de excavadora" se ha convertido en un símbolo de las políticas antimusulmanas promovidas por algunos miembros del BJP, que lidera el primer ministro Narendra Modi.
En Nueva Delhi, las autoridades demolieron en abril de 2022 decenas de tiendas y estructuras en un barrio predominantemente musulmán de la capital, incluyendo parte de una mezquita, después de que esta comunidad participase en una revuelta por los derechos de ciudadanía de los musulmanes.