"Pido a su excelencia tome nota de la situación de los presos políticos en Nicaragua, así como el seguimiento de la perpetración de crímenes de lesa humanidad por su oficina y la consideración permanente en su agenda de todos los mecanismos posibles que ofrece el derecho internacional para acercar a los responsables ante la Corte", abogó el Calidh a través de una carta suscrita por su presidente, Jorge Alejandro Mamani, y dirigida al fiscal de la Corte Penal.
En la misiva, fechada en Buenos Aires el 11 de noviembre, ese organismo nicaragüense de derechos humanos en el exilio que dice representar jurídicamente a víctimas y familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado de Nicaragua, puso en conocimiento de la oficina del Fiscal lo que consideran crimen de lesa humanidad "perpetrado por altos funcionarios del Estado de Nicaragua desde 2018".
"Señor fiscal, desde el 18 de abril de 2018 Nicaragua vive el peor episodio de violencia estatal desde el retorno de la democracia sucedido el 25 de abril de 1990", puntualizó Mamani.
Aseguró que en respuesta a una rebelión civil que exigía la dimisión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tras aplastar a la fuerza unas manifestaciones antigubernamentales por una controvertida reforma a la seguridad social, "los altos funcionarios del Estado de Nicaragua han ejercido un ataque generalizado y sistemático contra la población civil".
La privación de la nacionalidad como castigo
Argumentó que instancias ad-hoc de investigación de la Organización de Estados Americanos y de la Organización de Naciones Unidas, tal como el Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) o el Grupo de Expertos de Derechos Humanos para Nicaragua (GHREN), "han sido unánimes en sus informes en señalar que en Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad, tanto por el Estado como por altos funcionarios".
Al respecto, dijo que distintos organismos internacionales de derechos humanos, tal como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han documentado la ejecución de al menos 355 personas, y más de 2.000 personas que fueron detenidas por ser opositoras o percibidas como tal.
Adicionalmente, más de 3.500 organizaciones civiles han sido canceladas bajo el argumento de ser cómplices de un controvertido intento de golpe de Estado y la desnacionalización de más de 400 nicaragüenses, agregó.
Asimismo, el presidente del Calidh advirtió que la desnacionalización es el "crimen de lesa humanidad que ha prevalecido como herramienta principal para castigar directamente a los nicaragüenses opositores o percibidos como tal dentro del país".
Anotó que, como parte de los crímenes de lesa humanidad de persecución política y de deportación forzada, el Gobierno de Nicaragua ha expulsado a más de 350 presos políticos entre 2023 y 2024, con destino a Washington D.C., Roma y Guatemala.
Señalan a responsables de crímenes
Además del Estado como persona jurídica, señalan que los máximos responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad son el presidente Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo; los jefes de la Policía Nacional, Francisco Diaz, Aminta Granera y Ramón Avellán; la ministra del Interior, María Amelia Coronel, entre otros.
El Calidh dijo ser "consciente de que Nicaragua no es Estado parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pero confía que en el futuro transicional democrático el tratado sea ratificado, entregados y juzgados los perpetradores".
En ese sentido, Mamani anunció que actualmente en Argentina se sustancia un proceso que activa la jurisdicción universal de la cual la Corte es parte, proceso del que se espera que las víctimas sean escuchadas prontamente por un tribunal independiente e imparcial.