La portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, dijo a los periodistas que el juez, no identificado, "ha declarado la solicitud de privación de dominio presentada por el Ministerio Público con lugar por 7.450.934.27 lempiras" (unos 297.442 dólares), en un caso en el que además están implicadas otras quince personas.
Agregó que Bonilla, como primera dama, manejó doce millones de lempiras, de los que al cesar el mandato de su esposo, el 27 de enero de 2014, solo devolvió más de cuatro millones.
Bonilla podrá devolver el monto fijado en efectivo o con un bien material que tenga un coste equivalente.
Castillo señaló que la sentencia sobre el caso ha sido fijada para el 10 de enero de 2025 y que, una vez leída, las partes procesales tendrán tres días para apelar si no estuvieran de acuerdo con la resolución del juez.
La exprimera dama fue acusada en un caso de investigación iniciado por la otrora Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), que dependía de la Organización de Estados Americanos (OEA), que funcionó entre 2016 y 2021, durante la Administración de Juan Orlando Hernández (2014-2022).
El 28 de febrero de 2018 Bonilla fue capturada y enviada a prisión, y el 17 de marzo de 2022 fue declarada culpable de delitos de corrupción.
El 15 de febrero de 2023 la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, con base a un informe oficial del Departamento de Clínica Forense de la Dirección de Medicina Forense, resolvió "modificar la prisión preventiva a Bonilla, por arresto domiciliario dada su condición actual de salud", indicó el Supremo hondureño en redes sociales.