"El deber de diligencia es un concepto de derecho consuetudinario y un requisito legal que impone la obligación de adoptar medidas razonables para proteger a los demás de cualquier daño", explicó la ministra australiana de Comunicaciones, Michelle Rowland, en un discurso anoche en el Instituto de Sídney, en el que anunció este plan.
Este plan incluye "sólidos mecanismos sancionadores" en caso de que las plataformas digitales -entre ellas Meta (Instagram, WhatsApp, Facebook), X o TikTok- contravengan gravemente su "deber de diligencia digital", precisó Rowland, según la transcripción del discurso publicado en el portal ministerial.
El llamado modelo del "Deber de diligencia digital" también contempla que las plataformas digitales realicen una evaluación periódica de los riesgos frente a los daños en línea, en concordancia con la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea y de la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido.
"La armonización con países de ideas afines es un objetivo clave, porque los principios políticos que se aplican en todos los mercados, llegando a cientos de millones de usuarios, serán más eficaces para impulsar el cambio", precisó.
El plan -formulado tras una revisión independiente de la Ley de Seguridad en Línea de 2021 - se enmarca en la cruzada emprendida por el Gobierno del primer ministro, el laborista Anthony Albanese, para mitigar los problemas de salud mental y suicidios entre los niños.
Albanese y Rowland anunciaron la semana pasada que limitarán el acceso a los menores de 16 años a las redes sociales en virtud de una propuesta de ley que ya habían anunciado en septiembre pasado.
Este proyecto de ley, que podría llegar al Parlamento en las próximas semanas y entraría en vigor doce meses después de ser aprobado, pone la responsabilidad de controlar el acceso en las redes sociales, aunque Meta considera que ésta debería recaer en las tiendas de aplicaciones.
"Junto con el deber digital de diligencia, esto creará un poderoso incentivo para que las redes sociales valoren la seguridad y el bienestar de los usuarios junto con los beneficios", acotó Rowland.
Australia ha adoptado desde principios de década una serie de medidas para obligar a las plataformas digitales a pagar a los medios del país por los contenidos periodísticos que publican o a retirar contenidos violentos como el apuñalamiento retransmitido en redes en una iglesia de Sídney en abril pasado de un obispo asirio.