"En Egipto hay violaciones de derechos humanos" que "afectan a las libertades de orden democrático", dijo en su fallo el Tribunal de Catania, en la isla de Sicilia (sur de Italia), informaron medios.
Esta corte rechazó la detención de un ciudadano egipcio llegado recientemente por mar, que había solicitado asilo en la localidad siciliana de Pozzallo y para el cual la Policía ordenó el arresto.
"Es el primer fallo de este tipo tras el decreto-ley" aprobado por el Gobierno de la ultraderechista Meloni en octubre, con el cual estableció como norma la designación de su lista de países de origen de migrantes que considera seguros, entre los que está Egipto.
Esta decisión se produce en plena fricción del Gobierno de Italia con la Justicia. El Ejecutivo alega que el poder judicial invadió sus competencias en octubre cuando invalidó la retención en Albania de 12 migrantes al argumentar que sus países de origen -Egipto y Bangladesh- no eran seguros.
Esta situación llevó a la coalición de Meloni a aprobar 'ad hoc' un decreto-ley donde establecía por norma su designación de la lista de países seguros, compuesta por 19 Estados y en los que insiste en mantener a Egipto y Bangladesh, en una medida para sortear a la Justicia y blindar la viabilidad de externalización migratoria a Albania.
El mes pasado, en la sentencia del Tribunal de Roma que fue el primer revés del pacto con Tirana, esta corte alegó que prevalecía una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Un fallo del TJUE del 4 de octubre aseguraba que cualquier país de origen no podía ser considerado seguro si no lo era en su entero territorio y había minorías o grupos de población perseguidos.
Ante ello, la Corte de Catania -igual que lo hizo antes la de Roma- apela al precedente del TJUE para argumentar su fallo de hoy.
Días atrás, justo ante el embrollo que el decreto-ley de Meloni ha causado, el Tribunal de Bolonia se remitió a la Justicia europea para consultar si debería prevalecer la regulación italiana o bien los fallos de la Corte europea ante la cuestión de países seguros.
Meloni sigue empeñada en mantener activo el traslado de migrantes a Albania, está causando una creciente tensión de la coalición gubernamental con la Justicia italiana. Los miembros del Gobierno aseguran que los jueces han invadido las funciones del Ejecutivo, y expertos jurídicos, magistrados y la oposición alegan que el propio Gobierno está socavando la independencia judicial.