La legislación impide una doble incriminación y persecución penal por el mismo caso, explicó el ministerio público en un comunicado oficial.
El caso en Suiza se inició en 2016, tanto contra Volkswagen como la red de concesionarios local para la marca alemana, AMAG, por sospechas de haber distribuido vehículos diésel manipulados a alrededor de 175.000 clientes en el país.
Cuando saltó el escándalo, se recibieron en toda Suiza alrededor de 2.000 denuncias penales hasta marzo de 2016, que la fiscalía general agrupó para intentar lograr una solución conjunta.
La Fiscalía de Braunschweig (Alemania), encargada del caso Volkswagen, impuso en 2018 una multa de 1.000 millones de euros por la manipulación de las emisiones de gases contaminantes en motores diésel.
La Justicia alemana consideró entonces probado que desde mediados de 2007 y hasta 2015 se produjeron incumplimientos de verificación que permitieron que Volkswagen equipara 10,7 millones de vehículos con motor diésel con una función de software ilegal, que se vendieran en Europa y EEUU y que entraran en circulación.