En un comunicado, la organización señaló que "el Ejército israelí ha atacado repetidamente a trabajadores sanitarios y recintos sanitarios. Hemos documentado tres ataques que aparentemente suponen crímenes de guerra en los que fuerzas israelies golpearon a personal médico, transportes e infraestructuras".
Particularmente, HRW se refirió a un bombadeo a un centro de defensa civil en Beirut el 3 de octubre y a otro ataque contra una ambulancia y un hospital en el sur del Líbano el día 4 de octubre, que dejó 14 paramédicos muertos.
La organización señaló, citando datos del Ministerio de Salud Pública del Líbano, que en lo que va año los ataques israelíes han causado la muerte de al menos 163 trabajadores de la salud y de rescate, al tiempo que han dañado 158 ambulancias y 55 hospitales.
"El Ejército israelí debería detener inmediatamente los ataques ilegales sobre los trabajadores médicos y las infraestructuras sanitarias, y los aliados de Israel deberían suspender sus transferencias de armas al país dado el riesgo real de que se usen para cometer graves abusos", indica la organización.
Así mismo, instó a las Naciones Unidas a establecer un comité internacional para investigar las hostilidades en el norte de Israel y el Líbano y asegurar "que sea enviado inmediatamente para recabar información y emitir evaluaciones sobre violaciones a la ley internacional y recomendaciones sobre responsabilidades".
Para llegar a estas conclusiones, HRW entrevistó a testigos, personal sanitario y funcionarios médicos, y visitó también los centros atacados en donde recabó testimonios de vecinos y testigos. También analizó fotografías, videos e imágenes satelitales de los ataques y solicitó información a las autoridades militares israelíes, que no han dado respuesta.
HRW sí recibió respuesta de la Autoridad Sanitaria Islámica, la entidad prestadora de servicios sanitarios vinculada al grupo chií Hizbulá que fue víctima del ataque del 4 de octubre.
La organización humanitaria destacó además en su nota que pese a que Israel acusa a Hizbulá de usar ambulancias para trasladar combatientes y hospitales para esconder armas y equipo, "no hemos encontrado ninguna evidencia que indique el uso de las instalaciones atacadas con fines militares en el momento de los ataques que justificara la supresión de su estatus protegidos bajo la ley internacional humanitaria".
"En ausencia de justificación militar, estos ataques son ilegales. (...). Si fueron llevados a cabo con intención criminal, es decir, intencionalmente o de forma imprudente, serían crímenes de guerra", insistió la organización.
Del mismo modo, recordó que ser miembro o estar afiliado a Hizbulá o cualquier otro movimiento político con una facción armada, "no es base suficiente para determinar que una persona es un objetivo militar legítimo".
"El personal médico afiliado a Hizbulá, incluidos aquellos asignados a organizaciones de defensa civil, están protegidos por las leyes de la guerra", indicó.