Según un documento remitido este martes por los jueces de Bolonia al Tribunal de Justicia de la UE, los criterios utilizados por el Gobierno para designar a un país como seguro "contravienen" el derecho europeo, por lo que preguntan si debe o no aplicarse el decreto, informan los medios locales.
El decreto, que fue aprobado la semana pasada con fuerza de ley por el Ejecutivo de Meloni, establecía la lista de países seguros para facilitar eventuales repatriaciones y blindar así sus polémicos centros de retención de migrantes en Albania, un plan visto con buenos ojos por varios países europeos.
El Gobierno lo aprobó después de que una sentencia del Tribunal de Roma obligase a vaciar el centro de retención en Albania, donde permanecían doce inmigrantes de Egipto y Bangladés, y a trasladarlos a Italia, lo que provocó la indignación de la líder ultraderechista.
La clave del debate está la consideración de "países seguros" pues los inmigrantes que procedan de uno de ellos tendrán más posibilidades de ser repatriados al llegar a suelo italiano, ya que podrán pedir igualmente el asilo pero tendrán que demostrar los "graves motivos" que les obligan.
Italia consideraba seguros un total de 22 países de origen migratorio y entre estos, desde el pasado mayo, figuraban Egipto y Bangladés, los países de los primeros inmigrantes llegados a Albania. Sin embargo el Tribunal de Roma no estaba de acuerdo.
En su fallo, se amparaba en una sentencia del pasado 4 de octubre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre un ciudadano moldavo que había pedido asilo en la República Checa.
El tribunal comunitario establecía que para que un país pueda ser considerado seguro debe serlo de forma "homogénea" en todo su territorio y Egipto y Bangladés, según los jueces romanos, no cumplen ese requisito.
Ahora el Gobierno italiano ha garantizado esa lista -actualizada y reducida a 22 países- por ley, indicando a Egipto y Bangladés como "seguros", lo que permitirá repatriaciones más rápidas.
Las fuertes tensiones entre el Ejecutivo italiano y una parte de la judicatura se intensificó en las últimas semanas y el pasado jueves la jueza Silvia Albano, una de las integrantes del Tribunal de Roma que se pronunció en contra de mantener inmigrantes en Albania, recibió amenazas de muerte.
Según alega una parte de la magistratura, las amenazas también han llegado a los fiscales que han pedido una pena de seis años de cárcel para el vicepresidente del Gobierno italiano y líder de la ultradechista Liga, Matteo Salvini, por bloquear en 2019 durante 20 días el desembarco de 147 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo central por la ONG española Open Arms, como parte de su férrea política de puertos cerrados como ministro del Interior.