"La masacre de Barsalogho es el último ejemplo de las atrocidades cometidas por grupos armados islamistas contra civiles a los que el Gobierno ha puesto en peligro innecesariamente", dijo en un comunicado la directora adjunta para África de HRW, Carine Kaneza Nantulya.
El Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, por sus siglas en árabe) perpetró el brutal ataque el pasado 24 de agosto en esa localidad de la provincia de Sanmatenga (centro-norte), mientras los vecinos cumplían con las órdenes militares de cavar trincheras para frenar el avance yihadista.
La población se había negado previamente a ayudar a las fuerzas de seguridad en esa tarea al temer represalias terroristas.
A través del análisis de cuatro vídeos y entrevistas a doce testigos del ataque, HRW concluyó que murieron al menos 133 personas, incluidas decenas de niños, y que al menos 200 resultaron heridas.
Esa cifra está por debajo de los más de 200 muertos que un trabajador humanitario de una ONG internacional y residente en Barsalogho confirmó entonces a EFE y que fue el número también reivindicado por el propio JNIM.
Los testigos explicaron a HRW que los combatientes, armados con fusiles de asalto tipo Kalashnikov, dispararon contra la gente indiscriminadamente y revisaron la trinchera para ejecutar a los quedaban vivos.
También revelaron a la organización que los soldados destinados en la base militar de la localidad obligaron a los residentes varones, mediante amenazas y golpes, a cavar la nueva sección de la trinchera, cuya construcción comenzó en 2022, sin pagarles.
La base militar que se encuentra a unos cuatro kilómetros y medio del lugar de los hechos, según los testigos, no recibió ningún ataque.
También detallaron que menos de quince soldados y aproximadamente el mismo número de Voluntarios para la Defensa de la Patria (VDP) -civiles armados que combaten a el yihadismo en colaboración con el Ejército- respondieron ante la incursión pero "se vieron desbordados por las fuerzas de JNIM y murieron o se vieron obligados a retirarse".
"Mientras los grupos armados islamistas siguen cometiendo crímenes de guerra en todo Burkina Faso, el Gobierno debe investigar de forma creíble los abusos, establecer la responsabilidad de los mandos e intentar procesar adecuadamente a los responsables", aseveró Nantulya.
Desde 2015, varios grupos yihadistas, ligados tanto a Al Qaeda como al Estado Islámico, se han establecido en Burkina Faso, donde controlan muchas zonas y atacan constantemente a la población.
Miles de personas han muerto en numerosos ataques y más de dos millones se han visto obligados a abandonar sus hogares.
El país encajó dos golpes de Estado en 2022: uno el 24 de enero, dirigido por el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, y otro el 30 de septiembre, encabezado por el capitán Ibrahim Traoré, quien dirige actualmente la nación.
Ambos golpes se perpetraron tras el descontento entre la población y el Ejército por los ataques yihadistas.