A través de un comunicado, el Departamento de Estado afirmó que el programa Recompensas por la Justicia (RFJ) gratificará a quien ofrezca información que conduzca al arresto o condena en cualquier país de cualquier persona que haya "cometido, intentado o conspirado para cometer o haya ayudado o instigado a cometer" el atentado.
El 19 de julio de 1994, el vuelo 901 de AC se dirigía a la ciudad de Panamá cuando una bomba a bordo detonó poco después de despegar del aeropuerto France Field en Colón (Panamá). La explosión provocó que el avión se estrellara en una selva remota aproximadamente a 10 millas del aeropuerto con 21 pasajeros a bordo que fallecieron, entre ellos tres ciudadanos estadounidenses.
La Oficina del Director de Inteligencia Nacional de los EE.UU. determinó que Hizbulá fue responsable del atentado.
Tras el ataque, un individuo llamado Ali Hawa Jamal, que también murió en el atentado, fue identificado como el sospechoso que llevaba la bomba a bordo del avión.
El suceso ocurrió un día después de que un artefacto explosivo improvisado colocado en un vehículo fuera detonado en el edificio de la Sociedad Judía Argentina de Ayuda Mutua en Buenos Aires, Argentina, matando a 85 personas e hiriendo a 300.
Un grupo que se hace llamar Ansar Allah, que el gobierno de los EE.UU. ha determinado que es un alias de Hizbulá, emitió un comunicado en el Líbano unos días después reivindicando la responsabilidad de ambos ataques.
El Departamento de Estado alentó este martes a cualquier persona que tenga información sobre los responsables del atentado a que se comunique con el departamento por las aplicaciones Signal, Telegram o WhatsApp.
"Toda la información se mantendrá estrictamente confidencial. Puede haber reubicación disponible", apunta el comunicado.
El programa RFJ del Departamento de Estado es administrado por el Servicio de Seguridad Diplomática y desde su creación en 1984 ha pagado más de 250 millones de dólares a más de 125 personas en todo el mundo que proporcionaron información útil que ayudó a resolver amenazas a la seguridad nacional.
En mayo de 2018, el presidente panameño, Juan Carlos Varela, solicitó reabrir la investigación sobre el atentado en el que murieron 21 pasajeros, en su gran mayoría judíos, tras recibir nuevas pruebas procedentes de Israel que apuntaban a Hezbolá.
En el atentado, que está considerado el más grave en la historia del país y que se quedó sin resolver, no hubo supervivientes y entre las víctimas se encontraban una docena de empresarios de la comunidad judía afincada en Panamá, que venían de hacer negocios en la Zona Libre de Colón, la zona franca más grande del continente.