A la huelga, de 36 horas y que el miércoles coincidirá con otra de los trabajadores del sector del transporte, se sumará este martes una movilización en Buenos Aires hasta la sede del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, responsable de las políticas para desregular y achicar el Estado puestas en marcha desde diciembre pasado por el Ejecutivo de Milei.
Salarios carcomidos
La medida de fuerza tiene como uno de sus principales objetivos reclamar un aumento en los salarios, carcomidos por la elevada inflación en Argentina.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en los primeros ocho meses del año los salarios en el sector público acumularon un alza del 93,5 %, por debajo del aumento del 116,1 % en el sector privado registrado y del incremento del 94,8 % acumulado hasta agosto en la inflación.
Pero desde ATE aseguran que los salarios de los empleados públicos han sufrido una pérdida de 34 puntos porcentuales con respecto a la inflación acumulada desde que Milei asumió la Presidencia en diciembre pasado, cuando hubo un salto inflacionario del 25,5 % mensual.
El sindicato asegura además que un 75 % de los empleados estatales percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza, que fue de 964.620 pesos (957 dólares) en septiembre pasado.
Despidos masivos
Además de la problemática salarial, ATE y otros gremios de trabajadores públicos han denunciado despidos masivos desde el inicio del Gobierno de Milei, que lleva adelante acciones para reducir el peso del Estado como parte de su severo plan de ajuste fiscal.
Según datos del Indec, la dotación de trabajadores en la Administración pública nacional y las empresas del Estado nacional era en agosto último de 309.849 personas, unas 28.500 menos desde el inicio del Gobierno de Milei, lo que implica un recorte de casi el 10 %.
De acuerdo a los más recientes anuncios del Ejecutivo, la reducción de personal en el Estado nacional continuará.
Semanas atrás el Gobierno anunció que tomará un examen de idoneidad a 40.000 empleados públicos con contratos temporales que solo se renovarán si superan las pruebas, mientras que el pasado miércoles el Ejecutivo dijo que solicitará a unos 10.000 trabajadores estatales que inicien los trámites para jubilarse.
Un Estado más chico
Los planes de privatización de empresas públicas que impulsa el Ejecutivo de Milei también afectarán previsiblemente a las cerca de 100.000 personas que trabajan en estas compañías.
El Gobierno ha insistido que pasará a manos privadas toda empresa bajo control o con participación estatal que le sea posible, un lote que asciende a algo más de 40 compañías.
Esta iniciativa forma parte de la política de Milei para hacer más "eficiente" el Estado mediante la reducción de su tamaño, lo que ha incluido ya achicar la estructura de ministerios, secretarías y organismos gubernamentales, la disolución de varios entes estatales y hasta la puesta en venta de edificios y otras propiedades del Estado nacional por un valor calculado en unos 800 millones de dólares.