El caso cuenta con un total de seis acusados, dos de ellos por delitos de corrupción activa y los otros cuatro de corrupción pasiva, explicó este lunes la Fiscalía en un comunicado.
Pinho, ministro de Economía entre 2005 y 2009, apoyó el nombramiento de Mexia como CEO de EDP y favoreció indebidamente a la empresa a cambio de "contrapartidas", según el Ministerio Público.
A ese acuerdo se sumaron los otros cuatro acusados del caso, que también participaron con contrapartidas.
Aunque la Fiscalía no dio nombres, medios locales aseguran que, junto a Mexia, Pinho y Manso Neto, están acusados el ex director general de Energía Miguel Barreto y dos antiguos asesores del ministro, Rui Cartaxo y João Conceição.
El Ministerio Público calcula que esta trama causó más de 840 millones de euros en pérdidas a las arcas públicas, por lo que requirió la "pérdida de bienes" de los acusados y de la propia EDP a favor del Estado "en un montante correspondiente a ese valor", según el comunicado.
El proceso parte de una investigación iniciada hace 12 años gracias a una denuncia anónima para esclarecer si se cometió algún tipo de irregularidad al introducir en el sector eléctrico portugués los "Costes para Mantenimiento del Equilibrio Contractual" (CMEC).
Este instrumento es una compensación que EDP empezó a recibir en 2007 por el cese anticipado de los contratos de adquisición de energía que tenía con una treintena de centrales eléctricas.
El valor de los CMEC se infló, según la Fiscalía, que investigó hechos ocurridos entre 2006 y 2014 y que también incluyen la entrega de los embalses de Alqueva y Pedrógão a EDP sin concurso público y un viaje de Pinho a la Universidad de Columbia para dar clases que habría pagado la eléctrica.
Tras estallar el caso, la Justicia portuguesa ordenó en 2020 la suspensión de funciones de Mexia y Manso Neto al frente de EDP y EDPR, respectivamente.
La compañía sostuvo entonces que "no hubo ninguna irregularidad que le pueda ser imputada".
De esta investigación surgió un proceso paralelo sobre otra trama de corrupción entre Pinho y el expresidente del Banco Espírito Santo (BES) Ricardo Salgado, que ya ha sido juzgado en el Tribunal Criminal de Lisboa.
Pinho fue condenado a 10 años de prisión, Salgado a seis años y tres meses y Alexandra Pinho, que estuvo casada con el exministro, a cuatro años y medio, aunque la sentencia se podía recurrir.
EDP, uno de los gigantes energéticos europeos, fue propiedad del Estado portugués hasta 2011, cuando se privatizó, y tiene una filial especializada en Renovables con sede en Madrid, EDPR.