"Se trata de una verdadera red de personas que, por una compensación económica, adquiría y vendía información sensible", explicó este sábado en una rueda de prensa el fiscal jefe de Milán (norte), Marcello Viola, que ha dirigido las investigaciones.
El caso gira en torno a la agencia de investigación privada 'Equalize', propiedad de Enrico Pazzali, presidente de la fundación de la Feria de Milán y gestionada por el inspector de policía jubilado Carmine Gallo, ambos entre los acusados.
Por el momento se han tomado medidas cautelares con seis personas, que deberán responder de los delitos de asociación criminal, acceso ilegal a sistemas informáticos, corrupción y revelación de secretos.
Entre los implicados hay agentes de policía, algunos todavía en servicio, técnicos informáticos "altamente especializados" y 'hackers', según ilustró el fiscal Viola.
El 'modus operandi' de esta organización consistía en realizar por encargo informes con datos robados, a los que accedían con la colaboración de funcionarios con credenciales, y "en algunos casos" esas informaciones terminaba en los medios de comunicación.
Los "clientes" eran estudios legales e "importantes empresas de Italia y del extranjero", sostuvo el fiscal, para subrayar después su voluntad de llevar el caso con total discreción.
El fiscal nacional antimafia, Giovanni Melillo, calificó esta investigación de "extremadamente alarmante", sobre todo por "su dimensión comercial".
En los últimos meses en Italia han trascendido varios casos similares, el último el de un teniente de la Guardia de Finanza (policía fiscal), Pasquale Striano, acusado de hacerse con muchos datos "sensibles" entre 2019 y 2020 de famosos y políticos.
La propia primera ministra, Giorgia Meloni, se ha visto afectada por estos delitos después de que un empleado del banco Intesa Sanpaolo, el mayor del país, accediera a sus cuentas corrientes y a las de sus familiares, tal y como reveló la Fiscalía de Bari (sur).
Meloni comentó esta noticia con un comentario sarcástico en su perfil de la social X: "Danos hoy el espionaje de cada día".
Por eso en marzo de este año su Gobierno presentó un proyecto de ley dirigido a aumentar controles y sanciones por los delitos informáticos, aprobado definitivamente en junio.