La entidad expuso estos problemas en el apartado sobre Bolivia incluido en el informe difundido en su 80 Asamblea Anual que se celebra en la ciudad argentina de Córdoba.
"En un escenario de crisis económica y de disputa por el poder político, la libertad de prensa ha sido vulnerada por acción de jueces interesados en quebrar el secreto de fuente informativa, por violentas agresiones a mujeres reporteras y por un discurso estigmatizante en contra del periodismo", señala el reporte.
La SIP también alerto de que los periodistas y diarios impresos del país andino "continúan bajo una sistemática asfixia operada desde el poder político" mediante una "discriminación de la publicidad oficial" que beneficia solo a las "redes de comunicación afines al gobierno" del presidente Luis Arce.
"Asimismo, continúa la persecución a los anunciadores privados que desean publicitar en los medios cuestionados por el Gobierno, bajo amenaza de fiscalización por parte de la entidad recaudadora de impuestos", advirtió.
El organismo citó un reporte de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), que agrupa a varios diarios del país y que registró 12 agresiones a periodistas y personal de apoyo durante una marcha a finales de septiembre "alentada" por el expresidente Evo Morales (2006-2019).
La citada marcha recorrió 187 kilómetros por el Altiplano hacia La Paz para exigir al Gobierno atención a problemas como la escasez de dólares y combustibles, pero también para que se reconozca un congreso partidario en el que Morales fue nombrado por sus seguidores como "candidato único" para las elecciones generales de 2025.
La SIP recordó que el 17 de septiembre, cuando comenzó la marcha, "varios manifestantes atacaron" a una corresponsal del canal privado Cadena A "provocándole una lesión en la espalda y obligándola a borrar imágenes de su teléfono móvil", además del ataque sufrido por un periodista del canal SEO Tv y el equipo de prensa de DTV.
Dos días después, durante la misma movilización, un equipo de prensa del canal estatal Bolivia Tv "fue retenido por más de una hora, sufrió el robo de los equipos de video" y debió "soportar agresiones verbales por simpatizantes" del exmandatario.
El reporte de la SIP mencionó otros sucesos, como la agresión policial contra una periodista y un cámara del canal privado ATB en la región oriental de Santa Cruz durante una inspección organizada por la Fiscalía en mayo, y un ciberataque contra la página web del diario El Deber el mismo mes.
También recordó el rechazo que generó en los gremios periodísticos el llamado del Gobierno para que informadores testifiquen sobre el alzamiento militar ocurrido en junio.
En casos que involucran a la Justicia, la SIP denunció que en mayo un fiscal obligó a borrar imágenes al equipo de la Televisión Universitaria de Pando tras una inspección a locales nocturnos y que en junio una fiscal de Santa Cruz se pronunció por el cese de un proceso a un policía denunciado por violencia contra periodistas del canal Unitel.
Además citó el caso de un periodista deportivo "conminado" por un juez a testificar en septiembre en un proceso por difamación, "bajo amenaza de detención.
Finalmente, la SIP se refirió a la decisión del periódico La Razón, de La Paz, de abandonar su edición impresa y centrarse en la digital después de 34 años de circulación.