El defensor del Colectivo Nicaragua Nunca Más, el nicaragüense desnacionalizado Gonzalo Carrión, dijo a través de un audio enviado a los medios que "el artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua establece una expresa prohibición de confiscación de los bienes propiedades de la población nicaragüense, con una excepción".
Esa excepción, explicó, es la expropiación por razones de utilidad pública o razones sociales con una previa y justa indemnización al afectado, "lo cual acarrea la realización de esa apropiación con un procedimiento donde las personas afectadas son parte o deben ser parte con todos los derechos y garantía".
Carrión argumentó que las 35 propiedades declaradas de utilidad pública por la procuradora general de la República, Wendy Morales, no cumplió con los requisitos establecidos en la Constitución sobre la expropiación de propiedades.
"En consecuencia, la expropiación anunciada es verdadera confiscación, continuación de lo que ya vienen haciendo con personas despojadas de la nacionalidad, con cancelaciones de organizaciones a las cuales también le están confiscando sus bienes", sostuvo el activista.
A juicio del defensor de derechos humanos, es posible que con esa declaratoria de utilidad pública se inicie "una racha contra miles de personas que están fuera del país" y no residen en sus casas.
"Al no estar (en Nicaragua) pueden considerar, como en el pasado, las ausencias y entonces se establece la posibilidad de iniciar un nuevo patrón, una nueva etapa que está dirigida a seguir despojando los bienes de los nicaragüenses obtenidos legítimamente y que constituirían (en) la práctica no solo despojo, sino un verdadero robo", advirtió.
Además, continuó, convertiría a la procuradora Morales "como la gran confiscadora, ejecutora, perpetradora en nombre de la tiranía Ortega Murillo".
Las 35 propiedades declaradas de utilidad pública están ubicadas en Managua, capital de Nicaragua.
En sus considerandos, la Procuraduría alegó "que es obligación del Estado fortalecer la seguridad nacional en todos los ámbitos, incluyendo la seguridad ciudadana y en cumplimiento a la misma, se requiere declarar de utilidad pública 35 propiedades que se encuentran en estado de abandono y que podrían ser utilizadas para perturbar la paz, el bienestar social y la seguridad ciudadana de los nicaragüenses".
Además, que para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el mejoramiento de la misma, así como el aseguramiento del bien común de todos los nicaragüenses, "es prioridad para el Estado implementar estrategias para combatir de manera preventiva la delincuencia, narcoactividad y terrorismo".
Hasta el momento se desconoce si las propiedades pertenecen a algunos de los opositores desterrados de Nicaragua.
Las autoridades de Nicaragua han ordenado privar de su nacionalidad y de sus bienes a un total de 452 nicaragüenses en los últimos dos años, muchos abiertos críticos con el Gobierno sandinista que los acusa, entre otros delitos, de traición a la patria.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión.