El acuerdo finaliza las demandas de 1.353 personas que alegaban haber sido víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes.
La Arquidiócesis llevaba meses negociando el pacto que aborda querellas legales desde hace más de un cuarto de siglo, según información citada por el periódico.
Los 880 millones se sumarían a los más de 740 millones de dólares que ya había pagado la Arquidiócesis para resolver otras demandas, con lo que llega a más de 1.500 millones desembolsados por la Iglesia católica por acusaciones de abusos sexuales, una cifra récord en Estados Unidos.
El arzobispo José H. Gómez aprobó el acuerdo que será pagado con fondos e inversiones de la Arquidiócesis, que abarca tres condados del sur del estado de California: Los Ángeles, Ventura y Santa Bárbara, y es una de las más diversas del país, con un gran número de latinos entre sus feligreses.
Algunas de las víctimas lograron acogerse a la ley AB 218, firmada por el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, en 2019, que extiende el tiempo en que los presuntos afectados podrían presentar querellas legales en el estado.
El acuerdo revelado hoy cita a víctimas de exsacerdotes como Michael Baker, nombrado en un informe entregado por la Iglesia en 2004, que reportó cómo el religioso engañó a feligreses, terapeutas, líderes eclesiásticos y, sobre todo, a sus víctimas.
"Manipuló los protocolos de tratamiento para continuar aprovechándose de gente joven", aseguró la Iglesia en el reporte.
Baker admitió en 1986 ante el cardenal Roger Mahony, quien se desempeñó como arzobispo de Los Ángeles entre 1985 y 2011, haber tenido relaciones inapropiadas con dos menores.
El sacerdote fue retirado del ministerio y enviado a un tratamiento médico. Finalmente fue expulsado de la Iglesia en el año 2000.
Como exsacerdote, Baker fue acusado de abusar de al menos 23 jóvenes. En 2007 se declaró culpable de abuso y cumplió más de 10 años de cárcel.
Los líderes de la Arquidiócesis han asegurado que se han implementado muchos cambios y reformas en los años transcurridos para asegurar que parroquias, escuelas y ministerios sean lugares seguros para la comunidad.