En un pronunciamiento por el Día Internacional de la Niña, la entidad señaló que la realidad de las menores en Bolivia "se caracteriza por la constante vulneración a sus derechos y los obstáculos que atraviesan para ejercerlos", lo que tiene como consecuencias la violencia sexual, uniones forzadas, embarazos y matrimonios infantiles.
La Defensoría manifestó su "alta preocupación por la situación de los derechos humanos" de las niñas bolivianas y mencionó datos del Ministerio de Salud que indican que entre 2020 y octubre de 2023 se reportaron 252.613 embarazos" de menores de 10 a 14 años.
En el país rige desde 2014 una ley que establece los 16 como la edad mínima para la formalización de una unión.
"Entre 2014 y septiembre de 2023, el Servicio de Registro Cívico (Sereci) reportó 487 matrimonios de niñas (entre 12 y 15 años), lo que contradice lo establecido en el Código de las Familias y del Proceso Familiar y devela la alta vulnerabilidad de esta población", agregó.
La entidad instó al Estado a modificar el marco legal "para eliminar todas las excepciones que permiten el matrimonio infantil" en el país y poner en marcha programas de prevención y atención integral para niñas y adolescentes "en riesgo de violencia sexual", con prioridad para las "víctimas".
También recomendó que se promueva la aprobación de una ley de derechos sexuales y reproductivos "que garantice el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, educación sexual integral y la interrupción legal del embarazo".
El aborto en Bolivia tiene pena de cárcel salvo en casos de embarazos por violación sexual o si la vida de la mujer corre peligro, aunque para interrumpir la gestación se requería una orden judicial que podía demorar meses en salir.
En 2014, el Tribunal Constitucional dispuso que no es necesaria esa orden y que basta con una copia simple de la denuncia de violación o un informe médico, según corresponda, para la interrupción de la gestación, pero ese fallo no se cumple plenamente porque algunos médicos alegan 'objeción de conciencia', o por presiones ejercidas por algunos grupos religiosos.
La Defensoría pidió fortalecer las políticas públicas de reducción de la pobreza "con enfoque en el empoderamiento de las niñas" mediante la promoción de su acceso a la educación y "evitando que el matrimonio infantil se perciba como una solución a las dificultades económicas".
Además, exhortó al Estado a "tomar medidas urgentes contra la violencia sexual" hacia las menores, para lo cual vio necesario reforzar la aplicación de la ley contra la violencia machista que rige en el país desde 2023 y el Código Niña, Niño y Adolescente para garantizar la protección de las víctimas y las sanciones a los agresores.
"En este Día Internacional de la Niña, reafirmamos nuestra convicción de que cada niña y adolescente en Bolivia tiene derecho a una vida libre de violencia, bajo el cuidado del Estado y su núcleo familiar, desarrollándose plenamente en un entorno que respete y proteja sus derechos", agregó.