Ishiba se convirtió en nuevo jefe del Ejecutivo el pasado día 1 tras imponerse en las primarias del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), y será el candidato de esta formación para los comicios generales anticipados del próximo día 27.
El mandatario nipón optó por pronunciarse con cautela sobre el controvertido tema del matrimonio homosexual a unos días de que comience la campaña electoral, y pese a que anteriormente había señalado que era necesario proteger a las personas discriminadas por la falta de reconocimiento legal para esos enlaces.
"Es un asunto vinculado a los valores familiares de cada persona. En lo que concierne al Gobierno, es necesario vigilar de cerca la opinión pública, los debates parlamentarios y las acciones legales relacionadas con el matrimonio entre personas del mismo sexo", dijo Ishiba durante su intervención en la Dieta (Parlamento) de Japón este martes.
El político tampoco quiso posicionarse claramente sobre si es favorable a modificar la normativa sucesoria para la Familia Imperial nipona que acepta como herederos al Trono del Crisantemo únicamente a los varones en cuya línea paterna hay un emperador, un cambio que defienden algunos expertos para garantizar el futuro de la institución.
Sus comentarios llegan en la víspera de la disolución prevista de las dos cámaras del Parlamento nipón de cara a las mencionadas elecciones generales de finales de mes.
Los sectores más conservadores del PLD se han mostrado tradicionalmente reacios a modificar tanto la mencionada normativa sucesoria para la Familia Imperial como la legislación actual que no reconoce el matrimonio homosexual.
Diversas encuestas han mostrado que la mayoría de la población nipona es favorable a la legalización de ese tipo de enlaces, y a ello se suman las recientes sentencias de dos tribunales nipones que han tachado de inconstitucional la falta de encaje legal para el matrimonio gay, aunque no se trata de decisiones que obliguen al Ejecutivo a llevar a cabo una reforma legislativa.
Japón es el único país del G7 que no cuenta con un marco legal que reconozca a las parejas del mismo sexo, aunque cada vez son más los gobiernos regionales y locales que permiten el registro de uniones civiles de este tipo, lo que conlleva ciertos derechos.