"Se le está solicitando que verifique el actuar de los tribunales contra el crimen organizado de Santa Ana, San Salvador y San Miguel, que llevan todos estos casos del régimen de excepción, dijo a periodistas el abogado Rudy Joya, de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC).
Señaló que registran casos de personas detenidas con cartas de libertad "que no las quieren hacer cumplir" y se limita la realización de pruebas médicas por las autoridades de Centros Penales.
Denunció que existe una "pasividad total" de los juzgados y que no buscan hacer cumplir sus resoluciones mediante la Fiscalía General de la República.
"No es posible que en este país una orden judicial sí sea de obligatorio cumplimiento para el pueblo y abogados, pero no para las instituciones de gobierno", agregó.
Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), indicó este lunes que serían unas 20.000 cartas de libertad las que "no las hacen efectivas".
Llamó a la Corte Suprema a pronunciarse sobre esta situación, dado la nueva conformación de la Sala de lo Constitucional.
El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción desde finales de marzo de 2022 y ha detenido a más de 81.900 personas, acusadas de ser pandilleros o supuestos colaboradores.
El Gobierno atribuye a este régimen la caída de los homicidios hasta una tasa de 2,4 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.