Este nuevo de excepción abarca las provincias de Guayas, donde se encuentra Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador; Los Ríos, El Oro, Manabí, Santa Elena y Orellana, así como el cantón (municipio) de Camilo Ponce Enríquez, un enclave minero en la provincia de Azuay donde distintas bandas criminales han buscado controlar para actividades de minería ilegal.
Estos territorios ya eran parte del anterior estado de excepción decretado por Noboa que ha estado vigente durante los últimos tres meses, con la novedad de que ahora se le suma Quito, por "el incremento de hostilidades, cometimiento de delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados", según el decreto presidencial.
El objetivo de esta medida es contrarrestar la actividad de las bandas criminales y "coadyuvar el accionar de las Fuerzas Armadas para mantener la soberanía y la integridad del Estado, y de la Policía Nacional en seguridad ciudadana, protección interna y orden público".
En las zonas abarcadas por este estado de excepción, y durante los sesenta días de vigencia que tendrá en principio, quedan suspendidos los derechos de inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, así como la libertad de reunión.
La suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio consistirá en la realización de inspecciones, allanamientos y las requisas correspondientes por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, conducentes a la ubicación, registro de los lugares destinados a ocultarse las personas pertenecientes a las bandas criminales.
Este estado de excepción también conlleva un toque de queda de 22:00 a 5:00 en algunas de las localidades con mayores índices de criminalidad y presencia de bandas delincuenciales organizadas como Durán, que forma parte del área metropolitana de Guayaquil, y Babahoyo y Quevedo, en la provincia de Los Ríos.
La medida será revisada por la Corte Constitucional de Ecuador, que en meses anteriores ya anuló en dos ocasiones el anterior estado de excepción declarado por Noboa al considerar que la declaratoria de "conflicto armado interno" no era razón suficiente para tomar esta medida de carácter excepcional.
Ecuador se volvió el primer país de Latinoamérica en homicidios per cápita, con una tasa de 47,2 por cada 100.000 habitantes en 2023, ocho veces mayor respecto a 2016, producto del auge de la violencia de los grupos criminales, principalmente dedicados al narcotráfico, aunque también están incursionando en la minería ilegal.
Desde inicios de año, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno", con lo que pasó a catalogar a estas bandas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
De acuerdo al Gobierno, las muertes violentas a nivel nacional han descendido un 17 % en 2024 respecto al año anterior, pero los episodios de violencia criminal no han cesado, a la vez que también se siguen reportando secuestros y extorsiones.