La primera ley, que ya fue aprobada hace una semana por la Duma o cámara de diputados, permite a los acusados cuyo caso se encuentra en un tribunal de primera instancia firmar contratos con las Fuerzas Armadas.
Eso sí, según el documento publicado en el portal de información legal del Estado, con la condición de que el servicio militar coincida con el período de movilización o transcurra en tiempos de guerra.
Además, la segunda norma interrumpe el proceso penal y anula las medidas cautelares adoptadas contra los imputados durante el cumplimiento de su deber militar.
Con todo, para lograr la plena liberación de toda responsabilidad penal y la retirada de los cargos deben recibir condecoraciones, concluir el servicio por motivos de edad o de salud, o al término del período de movilización y la ley marcial, opción que antes sólo beneficiaba a las personas con condenas en firme.
La nueva ley amplía la normativa aprobada en marzo de este año que condonaba las penas a los personas que cumplieron condenas y firmaron contratos con el Ejército, pero no se aplicaba a aquellos contra quienes todavía no había sido dictada una sentencia.
Precisamente, según informaron el martes medios independientes, el Ministerio de Defensa tiene previsto reclutar en los próximos meses a unos 20.000 hombres en prisiones preventivas ante la acuciante falta de soldados en el frente ucraniano.
Esos hombres representarán casi un 40 % del total de imputados -unos 60.000- que esperan comparecer a juicio en las prisiones rusas, señaló una fuente de Defensa al portal de investigación Historias Importantes.
En el primer año de la guerra en Ucrania el Grupo Wagner reclutó a unos 50.000 presidiarios, de los que la mayoría murieron, desaparecieron, desertaron o cayeron presos, según organizaciones de derechos humanos.
Los que regresaron con vida del frente fueron indultados, según el fallecido fundador de Wagner, Yevgueni Prigozhin, que los cifró en unos 5.000.
En su momento, expertos de la ONU advirtieron que el reclutamiento de presidiarios, que también tendría lugar en las prisiones situadas en los territorios ocupados por las tropas rusas en Ucrania, podría constituir un crimen de guerra.
Pese a la insistencia de los halcones, el presidente ruso, Vladímir Putin, se resiste a convocar una nueva movilización de reservistas, tras lo impopular que fue la anunciada en septiembre de 2022 y que provocó el éxodo al extranjero de cientos de miles de rusos.
La firma de contratos por parte de voluntarios se había reducido dramáticamente en la primera mitad del año, aunque ascendió notablemente tras la invasión ucraniana en agosto de la región de Kursk, por lo que Putin se vio obligado a incrementar hasta 1,5 millones el número de soldados en el ejército ruso.