La decisión fue tomada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien declaró fundada en parte la petición de la Fiscalía para que ordene el ingreso en prisión de Hurtado, quien es conocido popularmente como Chibolín, informaron fuentes oficiales.
Checkley no aceptó ordenar la misma medida para la fiscal Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei, tal como había solicitado el Ministerio Público, y ordenó que estos prosigan la investigación con comparecencia con restricciones.
De acuerdo con la resolución judicial, el juez tomó en cuenta el arraigo laboral y domiciliario, así como la existencia de peligro de fuga y posible obstrucción de la justicia.
El magistrado impuso a la fiscal Peralta el pago de una caución económica de 35.000 soles (9.408 dólares u 8.500 euros) y de un millón de soles a Miu Lei, que deberán ser abonados en un plazo de tres días hábiles.
Checkley escuchó el pasado lunes, durante cuatro horas y media, las argumentaciones, réplicas y dúplicas de la fiscal Alejandra Cárdenas y de los abogados defensores.
"El agraviado es el Estado", remarcó Cárdenas antes de explicar que la investigación se hace por la devolución de unas barras de oro incautadas al empresario Miu Lei y que la tipificación principal es por tráfico de influencias.
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos pidió el pasado jueves que se imponga la prisión preventiva como parte de la formalización de la investigación preparatoria contra Hurtado, Peralta y los empresarios Miu Lei y Francisco Iván Siucho, quien colabora con la Justicia.
La pesquisa fue abierta después de que el programa televisivo Cuarto Poder, de la cadena local América Televisión, revelara que la información existente en registros públicos indica que Hurtado es el apoderado del antiguo capo del narcotráfico Demetrio Chávez Peñaherrera, conocido como 'Vaticano'.
Hurtado fue vinculado previamente en otro reportaje de televisión con un caso de presunto tráfico ilegal de oro, por supuestamente haber intervenido a favor de una empresa familiar para recuperar 100 kilos de oro incautados, a cambio de una comisión de un millón de dólares.
El artista, de 58 años, fue arrestado el jueves pasado, mientras que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público anunció que Peralta, fiscal de lavado de activos, había sido apartada preventivamente de su cargo, tras ser acusada de supuestamente cobrar comisiones ilegales para intervenir en este caso.