"No es justo que una familia, bajo la línea de pobreza, subsidie a los que solo van, por ejemplo, a hacer política a las universidades y no a buscar el fin último, que es el de educarse", dijo el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la sede del Ejecutivo.
El portavoz afirmó que "la intención efectiva" del Gobierno es "mejorar la situación de las universidades públicas", que "se viene agravando año tras año durante muchísimo tiempo".
Los universitarios convocaron para el miércoles a una segunda marcha -que tendrá un acto central frente al Congreso argentino a las 17:00 hora local (20:00 GMT)- con el objeto de visibilizar la crisis presupuestaria y salarial de las universidades públicas, y se espera que sea tan multitudinaria como la convocada el 23 de abril.
La marcha sigue a una huelga realizada el jueves y viernes pasados en contra del veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, confirmado por Adorni, que aumenta los fondos destinados al sector y en rechazo a un aumento salarial de 6,8 % solo para octubre.
"El Gobierno no está en contra del reclamo. En tal caso, de lo que sí estamos en contra es de que el Congreso sancione leyes que no tengan una partida presupuestaria asignada, o sea que sean leyes que no puedan básicamente financiarse", aclaró Adorni.
"Mientras el resultado del aumento presupuestario mantenga nuestro equilibrio fiscal, nosotros jamás vamos a tener ningún inconveniente con eso, por eso es que todos los legisladores deben fundamentar de dónde sacan el presupuesto, el dinero, para ejecutar los aumentos que proponen", agregó.
Adorni insistió en que el Ministerio de Capital Humano -del que depende la Secretaría de Educación- "hizo todos los esfuerzos por mejorar los salarios de los docentes y de los no docentes" y recordó que el Ejecutivo aumentó 270 % los gastos de funcionamiento de las universidades en mayo y otorgó unos 49.000 millones de pesos (49 millones de dólares) a los hospitales universitarios.
"Los recursos se enviaron", dijo Adorni, pero "lo que falta saber" es "en qué se usaron".
El portavoz señaló que el 89 % de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 a la Universidad de Buenos Aires "aún no fueron rendidos", que la Auditoría General de la Nación tiene seis informes en proceso y solo tres aprobados y que por eso el Gobierno avanzó con la Sindicatura General de la Nación "para llevar adelante la auditoría".
Adorni abundó que, del total de estudiantes registrados en 2022, unos 1,75 millones, solo el 40,6 %, es alumno regular, que el 20% tenía una materia aprobada o ninguna, mientras que sobre el 38,4 % no se tiene información.
El portavoz agregó los casos "bastante peculiares y hasta escandalosos", como el del Instituto Universitario Nacional Madres Plaza de Mayo, que recibía 1.500 millones de pesos durante la gestión de Alberto Fernández (2019-2023), y solo tuvo 16 egresados.
De otra parte, el 21,8 % de los estudiantes de medicina son extranjeros, "otro costo exorbitante que, en algún momento, tenemos que debatirlo", puntualizó Adorni.