El director de Legislación en el Ministerio de Sanidad, Radek Policar, dio este martes el dato de 658 mujeres indemnizadas, de un total de 1.309 que pidieron al Estado una compensación económica por haber sufrido ese proceso de esterilización contra su voluntad.
La mayoría de estas intervenciones sucedieron en los años 1970 y 1980 y se basaban en una directiva de 1971 que permitía la esterilización sistemática sin consentimiento de mujeres gitanas y, además, de todas aquellas cuyos hijos sufrieron complicaciones durante el embarazo.
Una ley que entró en vigor en 2022 estableció un período de tres años para solicitar una indemnización de 12.000 euros. La normativa expirará en los próximos tres meses.
Inicialmente se estimó que un millar de mujeres habían sufrido este tipo de mutilación contra su voluntad, y que 400 se personarían para reivindicar una compensación.
"Hubo 1.979 solicitudes, de las cuales 1.309 han sido procesadas, y 658 de ellas tienen resultado positivo para las solicitantes”, afirmó Policar.
La razón por la que el Ministerio de Salud desestimó casi la mitad de estas solicitudes es la "ausencia de pruebas fehacientes de lo ocurrido", precisó el funcionario, algo que fue respaldado por el tribunal administrativo en una interpretación restrictiva de la ley.
En muchos de estos casos, el hospital que practicó la esterilización "destruyó la documentación", reconoció el responsable de Sanidad.
En algunos casos, las víctimas recurrieron la decisión en los tribunales y obtuvieron así la satisfacción que pretendían.