Amnistía denuncia que Arabia Saudí ha cometido su mayor número de ejecuciones "en décadas"

El Cairo, 28 sep (EFE).- Amnistía Internacional (AI) denunció este sábado que Arabia Saudí ha ejecutado en lo que va de año a 198 personas, el mayor número "en décadas" pese a sus promesas de reducir el uso de la pena capital y mientras, "rutinariamente, incumple los estándares internacionales para un juicio justo y derechos procesales de los acusados".

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Así lo indicó la organización en un comunicado, en el que subrayó que las ejecuciones por tráfico de drogas se han "disparado" este año, con 53 llevadas a cabo por este tipo de delito.

En 2023, tan solo habían sido ejecutadas dos personas por ese motivo.

Ademas, "las autoridades han empleado la pena de muerte para silenciar a las críticas políticas, castigando a los ciudadanos de la minoría chií que apoyaron las protestas antigubernamentales entre 2011 y 2013".

"Las autoridades de Arabia Saudí están empeñados en una incansable matanza, que exhibe un sobrecogedor desprecio por la vida humana, mientras impulsan una campaña vacía de contenido para renovar su imagen", denunció Agnès Callamard, la secretaria general de AI en el comunicado.

En ese sentido, indicó que el castigo "inhumano y aberrante" de la pena de muerte que Arabia Saudí ha empleado para "un amplio rango de ofensas", que incluyen la disensión política y acusaciones vinculadas a las drogas "con juicios groseramente injustos".

"Las autoridades saudíes debe establecer inmediatamente una pausa en sus ejecuciones y ordenar la repetición de los juicios para aquellos que están en el corredor de la muerte, en línea con los estándares internacionales, sin recurir a la pena capital", dijo.

Respecto al alza de las ejecuciones por tráfico de drogas, AI señaló que 38 de las 53 ejecuciones se aplicaron a ciudadanos extranjeros, dos de ellos de nacionalidad egipcia, este mismo sábado.

En 2022, Arabia Saudí batió su propio récord de ejecuciones con 196.

El primer ministro y príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, declaró en marzo de 2022 que la pena de muerte estaba restringida únicamente al delito de asesinato, pero en noviembre de ese año las autoridades reanudaron las ejecuciones por otros delitos, sin mayor explicación, según han denunciado diversas ONG.

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