El TCE, mediante el juez Ángel Torres, admitió a trámite la demanda pero dispuso que se agrupe con la primera denuncia por coincidir la figura de la acusación y las demandas, en los que además del mandatario está la asesora presidencial Diana Jácome; la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld; y el viceministro de Gobierno, Esteban Torres.
El primer proceso está a cargo del juez Guillermo Ortega, después de que Jácome tuviese éxito en la recusación presentada contra el juez Fernando Muñoz, al que el TCE retiró de la causa por haber emitido opiniones contrarias contra el Gobierno en el momento que fue apartado como presidente de este órgano.
De acuerdo a medios locales, la nueva denuncia presentada por Abad incluye nuevos elementos como haber sido acusada por el Gobierno de intentar realizar un golpe de Estado por esta vía de la Justicia electoral al perseguir con su demanda que sea destituido el presidente.
La vicepresidenta ha acusado a Noboa de estar al frente de un presunto acoso político y hostigamiento contra ella para forzarla a dimitir y evitar así que tenga que delegar en ella las funciones presidenciales conforme contempla la Constitución cuando el gobernante deba pedir licencia para la campaña electoral de los comicios de 2025, donde buscará su reelección.
Abad también ha sido contrademandada por presunta violencia política de género por Diana Jácome, quien ha reconocido públicamente que su intención con esta acción legal es precisamente lograr la destitución de la vicepresidenta, mediante una causa cuya audiencia está programada para el próximo lunes 30 de septiembre, a cargo del jueza Ivonne Coloma, que a su vez es la nueva presidenta del TCE.
En paralelo, la vicepresidenta ha solicitado a la Justicia ecuatoriana una acción de amparo contra el Ministerio de Trabajo, quien le ha abierto un proceso administrativo por supuestamente no haber viajado en el plazo que le había establecido a Ankara, a donde fue reubicada desde Tel Aviv por motivos de seguridad.
Para Abad, este proceso administrativo viola sus derechos al entender ella que la finalidad es destituirla, pese a que según su consideración no tiene competencia para ello, pues al ser vicepresidenta sostiene que solo puede ser destituida por la Asamblea Nacional (Parlamento).
El distanciamiento entre Noboa y Abad -evidenciado desde la segunda vuelta de las elecciones presidenciales extraordinarias de 2023- se agudizó cuando, al asumir el cargo, el gobernante le asignó funciones como embajadora en Israel para promover la paz entre israelíes y palestinos.
Desde el Gobierno consideran que Abad no ha actuado bien y sacan a colación el caso de posible corrupción en las oficinas de la Vicepresidencia donde está imputado su hijo Sebastián Barreiro por supuestamente influir en la contratación de un funcionario y exigir a cambio parte de su sueldo.
La Fiscalía solicitó el levantamiento de la inmunidad a Abad para imputarla también en este caso, pero el pedido fue rechazado por el pleno del Parlamento con los votos en mayoría de la oposición, frente a los apoyos obtenidos a favor del oficialismo.