"La Misión necesita equipos y personal adecuados y suficientes para combatir a las bandas criminales de forma eficaz y duradera, e impedir que sigan extendiéndose y causando estragos en la vida de las personas", afirmó el alto comisionado Volker Türk, en la presentación de un informe elaborado por su organismo sobre la situación en Haití.
El alto comisionado sostuvo que la Misión Multinacional de apoyo a la Seguridad (MSS), desplegada en julio, cuenta con sólo 430 agentes del total de 2.500 efectivos prometidos por diferentes países.
Según las últimas informaciones recopiladas por su oficina, sólo este año han muerto de forma violenta al menos 3.451 personas en Haití, manteniendo así los altos niveles de violencia de 2023.
El informe señala además que 860 personas murieron y 393 resultaron heridas entre enero y junio durante operaciones policiales y patrullas en Puerto Príncipe, entre ellas 36 niños, en lo que podría constituir, en acciones en las que se habría utilizado la fuerza de forma innecesaria y desproporcionada.
En otras zonas del país, la violencia de bandas también se extiende, como en el distrito de Bas-Artibonite, situado en el centro de la isla a unos 100 kilómetros de la capital.
En esta región, considerada el corazón agrícola del país, el aumento de la violencia de las bandas y la extorsión han obligado a los agricultores a abandonar más de 3.000 hectáreas de tierra, poniendo aún más en peligro la producción de alimentos de Haití, en momentos en que se calcula que 1,6 millones de personas se enfrentan a una inseguridad alimentaria aguda.
El organismo de la ONU también expresó alarma por el aumento de víctimas de violencia sexual en el primer semestre del año, en lo que calificó como un intento de las bandas de "seguir utilizando la violencia sexual para castigar, sembrar miedo y someter a la población".
Ante esta situación, Türk instó a las autoridades haitianas a tomar medidas enérgicas para reforzar la policía y otras instituciones estatales paralizadas por la corrupción endémica, incluido el poder judicial, si se quiere restablecer el Estado de derecho y que los responsables de violaciones y abusos rindan cuentas.