Esta decisión se dio a conocer en una circular por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano administrativo del PJF, y después de una mesa de diálogo para escuchar a los manifestantes.
La mesa se instaló después de que el CJF anunciara el miércoles pasado que reanudarían sus labores el próximo lunes, luego de casi un mes de solo atender “asuntos urgentes” y manifestarse en contra de la reforma para elegir jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por voto popular.
No obstante, jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial mexicano se posicionaron en contra de esta medida tomada en el pleno del Consejo de la Judicatura, por lo que instalaron la mesa de diálogo.
“No existen las condiciones para levantar la suspensión de plazos y términos en los juicios tramitados en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas”, detalló el CJF, respecto de lo expresado por los inconformes al interior del PJF.
También manifestó que la extensión del paro de actividades busca “salvaguardar la seguridad jurídica y generar certidumbre a los usuarios del sistema de justicia federal”.
Por ello, acordaron “continuar con la suspensión de plazos y términos en los juicios tramitados (…) hasta el próximo 2 de octubre de 2024”.
Asimismo, anunció que por unanimidad de votos del pleno del CJF, acordó realizar mesas de trabajo para la toma de decisiones con motivo de la implementación del decreto en materia de reforma al Poder Judicial mexicano.
En tanto, la Suprema Corte tramita siete consultas a los 11 ministros para que posicionen si existe la posibilidad de que suspendan la aplicación de la reforma judicial que entró en vigor el lunes 16 de septiembre, previa aprobación del Congreso, y más de la mitad de las 32 legislaturas locales.
“Solicitan se realice una consulta al Pleno de este Alto Tribunal con la finalidad de que se analice la constitucionalidad del decreto que extingue la carrera judicial y destituye a todos los jueces y magistrados federales”, se lee en los estrados judiciales.
En este contexto, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido que “no hay fundamento legal” para frenar su iniciativa, aunque algunos juzgados concedieron amparos para evitar que se implemente.